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Pedido de exención

Propuesta para aliviar a la UNCuyo y la UTN: ¿agua, luz y gas gratis?

El diputado Germán Gómez impulsó un proyecto para eximir a las universidades públicas de Mendoza del pago de servicios básicos y tasas municipales hasta finales de 2027.

En medio de un panorama de crisis presupuestaria y dificultades financieras, el diputado Germán Gómez, presidente del bloque del PJ en Diputados, ha presentado un proyecto de resolución que busca aliviar la carga económica de dos de las principales instituciones educativas de Mendoza: la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). La propuesta plantea eximir a estas universidades del pago de servicios básicos como luz, gas y agua, así como también de impuestos provinciales y tasas municipales, hasta el 31 de diciembre de 2027.

El proyecto, firmado en solitario por Gómez, destaca la grave situación financiera que atraviesan estas instituciones, resaltando el impacto negativo de los recortes presupuestarios y la falta de ajuste de fondos ante la inflación en su capacidad para mantener sus operaciones y ofrecer una educación de calidad. Según el diputado, esta situación no solo amenaza la sostenibilidad de las universidades, sino también la calidad académica y el acceso equitativo a la educación superior en la provincia.

Sin embargo, el proyecto no especifica los mecanismos que el Poder Ejecutivo debería utilizar para implementar esta exención de pago, especialmente en lo que respecta a servicios como la luz y el gas, que son prestados por operadores privados. Esta falta de claridad respecto a la viabilidad técnica y legal de la propuesta plantea interrogantes sobre su factibilidad y sus posibles repercusiones en el sector energético y en las finanzas públicas.

La iniciativa de Gómez ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad del Estado en el financiamiento de la educación pública y los mecanismos adecuados para garantizar su acceso universal. Mientras algunos sectores apoyan la medida como un paso necesario para proteger a las instituciones educativas en tiempos de crisis, otros cuestionan su viabilidad y señalan la necesidad de encontrar soluciones más equilibradas y sostenibles a largo plazo.

En última instancia, queda en manos de las autoridades provinciales evaluar la propuesta de Gómez y determinar su viabilidad y conveniencia en el contexto actual.

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