La senadora de La Libertad Avanza Macarena D’Ambrogio presentó un proyecto para modificar la Ley de Tránsito N° 9024 y el Código Contravencional de Mendoza. La iniciativa plantea que los conductores puedan ser sometidos a controles de detección de sustancias psicoactivas cuando existan indicadores objetivos de una posible alteración psicofísica, como dificultades en el habla, alteraciones oculares, problemas motrices o cambios de conducta. La negativa injustificada a realizar el test sería considerada una falta gravísima y tendría consecuencias administrativas similares a las de un resultado positivo.

El proyecto establece además un esquema de sanciones escalonado de acuerdo con el nivel de riesgo atribuido a las sustancias detectadas. Para casos vinculados al cannabis, las multas irían de 3.000 a 6.000 unidades fijas, mientras que para cocaína, opiáceos y determinadas benzodiacepinas podrían alcanzar las 9.000 unidades. Las infracciones consideradas de mayor riesgo, como las vinculadas con anfetaminas, metanfetaminas o la combinación de dos o más sustancias, podrían derivar en multas de hasta 11.000 unidades fijas, equivalentes a unos $6,6 millones, además de posibles arrestos e inhabilitaciones para conducir.

En todos los casos, la propuesta contempla la retención del vehículo y la obligación de realizar cursos de capacitación, prevención y conducción responsable. El rodado no podría ser restituido hasta que el infractor cumpla con la sanción correspondiente y, además, se eliminaría la posibilidad de sustituir estas sanciones por trabajos comunitarios.

La iniciativa también apunta a los conductores reincidentes en infracciones relacionadas con el consumo de alcohol o drogas. En esos casos, se propone reducir de diez a cinco años la vigencia de la licencia de conducir, mientras que sus impulsores sostienen que una mayor presencia de controles en las rutas puede tener un efecto disuasorio más efectivo que simplemente aumentar la gravedad de las sanciones.