La diputada provincial del Frente Renovador, Gabriela Lizana, presentó formalmente un proyecto de ley para declarar la Emergencia Agro Productiva en Mendoza por el término de un año, ante el escenario crítico que enfrentan distintas economías regionales.
La iniciativa surge como respuesta al petitorio firmado el pasado 10 de febrero por productores autoconvocados y organizaciones rurales, quienes advierten sobre una situación de “vulnerabilidad extrema”. Según expuso la legisladora, el sector combina una fuerte caída del consumo interno con una rentabilidad prácticamente nula, en un contexto donde los precios que reciben los productores por sus cosechas son similares o incluso inferiores a los del año pasado.
A este panorama se suman los incrementos sostenidos en los costos de producción, como la energía para riego por bombeo, combustibles, agroquímicos y jornales, lo que —según el proyecto— ha vuelto inviable la actividad agrícola en los distintos oasis productivos de la provincia.
En los fundamentos de la propuesta, Gabriela Lizana advirtió que la falta de medidas urgentes podría profundizar el abandono de fincas y comprometer el sustento de más de 100.000 familias que dependen directa o indirectamente de la cadena agroindustrial.
La problemática atraviesa a todas las actividades: desde la vitivinicultura, donde productores entregan su uva sin certezas sobre los plazos y condiciones de pago, hasta la horticultura, donde los bajos precios de las hortalizas de estación no alcanzan a cubrir los costos logísticos, generando incluso pérdidas de cosechas en el campo.
El proyecto contempla un paquete de herramientas paliativas. Entre ellas, subsidios del 30% en las tarifas de electricidad y agua para riego, con prioridad para pequeños productores y aquellos que dependen del bombeo.
También propone el refinanciamiento de deudas con el Fondo para la Transformación y el Crecimiento a tasas subsidiadas, la exención del Impuesto Inmobiliario y reducciones en Ingresos Brutos. Además, establece la posibilidad de implementar operativos de compra estatal con precios mínimos de referencia para absorber excedentes y garantizar condiciones básicas de rentabilidad.
Más allá de la emergencia, la iniciativa prevé la creación de una Mesa de Diálogo Intersectorial Agropecuaria en un plazo de diez días desde la eventual sanción de la ley. El espacio incluiría representantes del Ejecutivo, legisladores, productores de todos los oasis, sectores industriales y organismos técnicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
El objetivo será analizar la transparencia en las cadenas de valor, proponer soluciones estructurales y evitar el deterioro ambiental de los oasis productivos, además de fortalecer la soberanía alimentaria regional. En ese marco, Lizana convocó a legisladores de su interbloque y de otros espacios políticos a acompañar el reclamo del sector y avanzar en una respuesta legislativa consensuada frente a la crisis.
