Halliburton confirmó que no prestará servicios para el proyecto Sea Lion ni formará parte de actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas y las aguas que las rodean. La definición de la compañía llegó después de un pedido del Gobierno argentino, que había consultado por una posible participación en el desarrollo petrolero, y de la cadena nacional en la que Javier Milei anunció que endurecería penas para quienes incumplan la legislación argentina, tanto de la normativa vigente como de las iniciativas impulsadas para las actividades en el territorio en disputa.

Cabe resaltar que, tras los anuncios del presidente, la filial local de la empresa mantuvo contacto con autoridades argentinas.

La advertencia de Argentina a las empresas petroleras

En el marco de la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Malvinas y la explotación de hidrocarburos, la Cancillería envió alrededor de 180 notificaciones formales a empresas de servicios petroleros de distintos países.

En esos avisos, el Gobierno advirtió que las firmas que colaboraran con Sea Lion quedarían impedidas de operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales ubicada principalmente en Neuquén y con una producción superior a los 600.000 barriles diarios.

Durante septiembre, la advertencia ya había recibido respuestas de otras compañías. SLB, anteriormente conocida como Schlumberger, y Baker Hughes también comunicaron que no participarían en las actividades vinculadas con Sea Lion.

Halliburton, SLB y Baker Hughes reúnen una parte importante de la capacidad técnica internacional necesaria para realizar perforaciones mar adentro de la escala prevista para Sea Lion.

La ofensiva judicial contra Sea Lion

El conflicto también llegó a los tribunales. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego Mariel Borruto ordenó mediante una medida cautelar que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum frenaran cualquier acción material relacionada con el proyecto.

La resolución alcanzó trabajos de perforación, infraestructura submarina, construcción de ductos y extracción comercial. Según el fallo, el proyecto no contaba con una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales. La jueza también señaló que la aplicación de la medida requiere cooperación internacional, dado que Sea Lion funciona bajo licencias británicas.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco empresas relacionadas con Navitas Petroleum, incluidas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas. La acusación apunta a la operación en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.

Para situaciones de este tipo, la legislación contempla penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Suecia.