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Proyecto

Privacidad ciudadana: la oposición busca sancionar por ley la negligencia del Estado en la protección de datos

El proyecto fue presentado por el bloque Fuerza Patria.

El bloque Fuerza Patria presentó un proyecto para garantizar la protección de datos de todos los ciudadanos mendocinos frente a la digitalización del Estado. Esta iniciativa, que aplica de manera exclusiva al sector público provincial y municipal, busca que los organismos de gobierno dejen de tratar la información ciudadana con descuido o negligencia.

Así, se establece un límite claro para que la protección de datos y la privacidad en internet dejen de ser un trámite burocrático secundario y se conviertan en un derecho humano fundamental fuertemente custodiado.

Uno de los grandes pilares de la propuesta es la privacidad desde el diseño, obligando a que cualquier nuevo sistema o plataforma estatal incorpore la seguridad ciudadana desde su creación inicial.

Al respecto, Lucas Ilardo explicó: “Los datos hoy son la mercancía del futuro; hoy el que tiene datos tiene poder. Si el Estado tiene tus datos de salud, de transporte, a dónde te mueves o tus datos fiscales, ese mosaico de datos es por lo que el mundo está pagando como oro y es un derecho de los ciudadanos que tiene que ser protegido”.

Para evitar que las responsabilidades se diluyan en los pasillos gubernamentales, la normativa exige que cada repartición estatal designe a un profesional interno encargado de la protección de datos en un plazo máximo de 180 días.

Además, si el Estado sufre alguna vulneración, filtración o hackeo, las autoridades tendrán la obligación ineludible de reportar el incidente informático en tan solo 72 horas y avisar inmediatamente a los ciudadanos que hayan sido afectados.

Ilardo también agregó: “Lo que implica esta ley es que si hay un hackeo y alguien accedió a tus datos, el Estado tiene la obligación de avisarte inmediatamente, de repararte ese daño y de garantizar que vos sepas exactamente qué información tuya tiene”.

Como gran innovación a nivel nacional, el 50% de las multas recaudadas por violar la protección de datos se destinará a un Fondo de Reparación para financiar asistencia jurídica gratuita y educación digital ciudadana, en lugar de perderse de manera invisible en las rentas generales del Estado.

Al respecto, el senador provincial, Félix González, sostuvo: “El Gobierno debe adaptar su estructura para poner la información al servicio de los ciudadanos, que son los verdaderos dueños de los datos. Primero está la gente y a ellos hay que darles la respuesta, no enfocarse en burocracias ni divisiones entre ministerios”.

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