El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso mantiene el deterioro de los recursos destinados a las universidades nacionales, según un análisis elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El informe señala que, medido en términos reales, el financiamiento para el próximo año tendría una variación positiva de apenas 0,3% frente al crédito vigente de 2026, pero todavía quedaría 25,2% por debajo del nivel de 2023, una vez descontado el efecto de la inflación.
La situación se explica por la caída acumulada de los recursos para el programa Desarrollo de la Educación Superior. De acuerdo con el CEPA, entre 2023 y 2025 las partidas disminuyeron 35,4% en términos reales, mientras que el presupuesto vigente de 2026, tomando como referencia el 15 de septiembre, representa una reducción del 25,4% frente a 2023. El proyecto para 2027 incorpora una recuperación marginal y, además, contempla $851.558 millones para el fortalecimiento de recursos humanos, aunque el informe advierte que su ejecución queda sujeta a decisiones de la Secretaría de Educación.
Otro punto señalado por el estudio es la diferencia entre los fondos previstos en el proyecto y los que resultarían de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. Según el cálculo del CEPA, si la norma se aplicara, las universidades recibirían unos $9,74 billones a valores de 2027, un monto 29,8% superior al contemplado en el proyecto. La ley fue sancionada en agosto de 2025, vetada por el Ejecutivo y posteriormente ratificada por el Congreso, pero su aplicación fue suspendida mediante el Decreto 759/2025; posteriormente, la Justicia ordenó cumplirla y el Gobierno presentó una iniciativa para modificarla que no avanzó en Diputados.
El deterioro también alcanza a los ingresos del personal universitario. El informe sostiene que docentes y no docentes tenían hasta agosto de 2026 un poder adquisitivo 25% menor que en noviembre de 2023, mientras que algunos cargos presentan pérdidas todavía mayores al ampliar la comparación hasta 2015. Para 2027, además, el proyecto establece que los aumentos se calcularán sobre las plantas docentes y no docentes registradas en noviembre de 2026, salvo las ampliaciones que sean autorizadas por las autoridades nacionales.
