La primera mitad del 2025 dejó una cifra alarmante en Mendoza: dos personas en situación de calle fallecieron como consecuencia de las bajas temperaturas. La noticia generó una fuerte reacción por parte de la Pastoral de Calle, perteneciente a la Arquidiócesis local, que cuestionó el accionar de las autoridades y la falta de medidas efectivas para proteger a quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Desde la Iglesia advirtieron que, si bien existe una coordinación con el Gobierno provincial, no todas las acciones previstas se pusieron en marcha cuando comenzó el frío. “Ya despedimos a dos hermanos… murieron por causas relacionadas con el frío”, señalaron con preocupación. También denunciaron que frazadas dejadas como donaciones en plazas fueron retiradas por camiones recolectores de basura, lo que evidencia, según ellos, una desarticulación en la respuesta estatal.
Frente a estas críticas, desde el Gobierno de Mendoza aseguraron que se está trabajando de manera articulada para asistir a las personas en situación de calle. Indicaron que se activó un plan de contingencia a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, en conjunto con equipos sociales, guardias municipales y la Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante (UAPSI).
El operativo incluye la posibilidad de brindar refugio nocturno, asistencia médica, subsidios de alquiler e incluso la gestión de trámites para quienes deseen reinsertarse en programas sociales. Según informaron, en el último mes se asistió a más de 30 personas, algunas de las cuales aceptaron ser trasladadas a espacios de resguardo.
Actualmente, la provincia cuenta con alrededor de 260 plazas disponibles en albergues, a las que se suman 30 más de reserva, alcanzando un total de 290 camas. Las autoridades destacaron que el trabajo en territorio es constante, y que diariamente se intenta persuadir a las personas en situación de calle para que acepten trasladarse a los refugios.
A pesar de los esfuerzos oficiales, desde la Iglesia insisten en que las respuestas son insuficientes y apelan a una mayor coordinación entre el Estado y las organizaciones sociales. Las muertes registradas este año visibilizan la urgencia de una política pública más efectiva para proteger a quienes no tienen un techo donde resguardarse del invierno.
