La Legislatura provincial se prepara para debatir la firma del contrato entre la provincia y las empresas argentinas Minera Aguilar SA, propiedad de José Luis Manzano, y brasileña ARG, quienes impulsarán la reactivación de la mina Potasio Río Colorado, ubicada en Malargüe. Sin embargo, desde la oposición se plantean interrogantes sobre la confidencialidad con la que se manejó el proceso y el método de elección del oferente, ya que no hubo un proceso de licitación.
La casa de las leyes deberá decidir si ratifica o no la venta del 88% de las acciones de PRC a la compañía Minera Aguilar Potasio SA, una división controlada por Integra Capital SA, empresa vinculada al exministro del Interior José Luis Manzano, junto a la minera brasileña ARG. El restante 12% de las acciones se transfiere a Impulsa Mendoza Sostenible, conformada por PRC y Fundación Pro Mendoza. A pesar de que hay un plazo de tres meses desde la firma del contrato para obtener la aprobación legislativa, el Gobierno y el oficialismo local buscan asegurarse una amplia mayoría de apoyo de otros partidos políticos en octubre.
El contrato, junto con el decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suárez, ya se encuentra en manos de los 48 diputados, quienes analizarán todos los aspectos legales y los detalles de la propuesta. El tema será discutido en las comisiones de Hacienda y Economía, así como en Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). La presidenta de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, aseguró que, aunque la comisión de Hacienda se reúna el martes, el tema primero será debatido en plenario para organizar su tratamiento.
El plazo para la aprobación legislativa vence a mediados de diciembre, pero el oficialismo confía en asegurar el apoyo de la oposición durante octubre. “No tenemos apuro, pero esta semana ya arrancamos el análisis”, indicaron.
A pesar de que Cambia Mendoza cuenta con los números necesarios para aprobar la venta del 88% de las acciones con mayoría simple, buscan obtener un respaldo más amplio para enviar una señal política e institucional sobre el futuro de la mina de sales de potasio. Esta mina ha sido fuente de problemas desde sus primeros anuncios en la década de 2000 y su paralización en 2013, que dejó a 6.000 trabajadores sin empleo.
En cuanto a las dudas de la oposición, una de las principales preocupaciones es la confidencialidad con la que se manejó el proceso, un tema que también ha sido señalado por el fiscal de Estado, Fernando Simón. También quieren entender cómo se seleccionaron las empresas compradoras, ya que no se llevó a cabo un proceso de licitación, sino que se realizó a través del banco suizo UBS.
La preocupación por la confidencialidad también ha sido señalada en un dictamen de la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado, que advierte que debe establecerse un plazo para la confidencialidad, y no se debe violar el acuerdo de confidencialidad con las empresas. La oposición se encuentra revisando detenidamente el proceso y sus implicaciones, incluyendo aspectos ambientales, ya que la mina afecta activos de todos los mendocinos en Potasio Río Colorado.
