Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley con el que busca reformular el Fondo de Financiamiento de Inversiones Privadas para la Transformación y el Crecimiento Socioeconómico, el cual fue creado por la Ley 6071, en 1993.

Cabe recordar que el fondo surgió a partir de recursos extraordinarios obtenidos por la provincia tras un litigio con el Estado nacional por diferencias en la liquidación de regalías hidrocarburíferas. Durante años, esos recursos fueron destinados al financiamiento de programas sectoriales, proyectos de inversión y distintas líneas de crédito.

El por qué de la iniciativa del Gobierno

Sin embargo, desde el Ejecutivo argumentan que el contexto cambió de manera significativa por el agotamiento de esos fondos extraordinarios y por la expansión del sistema financiero argentino, que hoy cuenta con una mayor participación del sector privado.

En esa línea, desde el Gobierno explican que actualmente la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento -organismo autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas- depende principalmente de partidas del Presupuesto provincial.

En ese marco, el proyecto que Cornejo envió a la Legislatura propone “la refuncionalización de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento”.

Los detalles del proyecto

Entre las nuevas funciones previstas aparecen los subsidios de tasas de interés para créditos otorgados por entidades financieras privadas, el fortalecimiento de las capacidades de las pymes mendocinas para acceder al sistema financiero tradicional y herramientas específicas para responder ante emergencias económicas.

La iniciativa también contempla cambios vinculados al personal de la Administradora. En ese punto, se prevé un régimen de retiro voluntario con una compensación equivalente al 120% de la indemnización prevista en el Estatuto del Empleado Público. Además, se habilita la posibilidad de reubicación voluntaria en otras áreas del Estado provincial, respetando antigüedad y continuidad salarial. Para quienes no adhieran a ninguna opción, se aplicará el régimen de disponibilidad previsto por ley.

En paralelo, el proyecto incluye un reordenamiento patrimonial que permitirá transferir bienes, créditos y obligaciones a otros organismos estatales.

También establece que las acciones que actualmente posee la Administradora en Mendoza Fiduciaria SA pasarán a manos del Gobierno provincial, mientras que esa firma asumirá funciones fiduciarias en distintos fideicomisos.

Por último, la propuesta habilita el cierre definitivo de antiguas carteras crediticias con bajos niveles de recupero y permitirá declarar incobrables aquellos créditos donde ya se agotaron todas las instancias de cobro.