Según el proyecto presentado por Quattrini, aquellos legisladores y funcionarios que den positivo en pruebas toxicológicas serán suspendidos de sus funciones públicas. La iniciativa apunta a garantizar que quienes ocupan cargos políticos sean ejemplos de ética y moralidad para la sociedad.
El proyecto establece que el consumo problemático de drogas ilegales puede afectar negativamente la salud física y psicológica, así como las relaciones laborales y sociales de quienes lo practican. Por lo tanto, se argumenta que es necesario asegurar que los agentes públicos mantengan una conducta acorde con los principios de legalidad, honradez y eficiencia.
El proyecto propone que tanto diputados, senadores como funcionarios públicos se sometan anualmente a pruebas de orina para detectar metabólicos de drogas. En caso de resultados positivos, se les permitirá exigir una contraprueba, pero de confirmarse la presencia de drogas prohibidas, serán suspendidos.
La responsabilidad de llevar a cabo los análisis recae en el Cuerpo Médico Forense, mientras que el Estado provincial será el encargado de supervisar los procesos de recuperación de aquellos suspendidos por consumo de drogas.
La propuesta ha generado un intenso debate en Mendoza, ya que algunos la consideran una medida necesaria para garantizar la integridad y el buen desempeño de los funcionarios públicos, mientras que otros la critican por considerarla invasiva y cuestionan su efectividad en la lucha contra el consumo de drogas.
