La información se conoció oficialmente por la Corte Suprema. El presidente de la corte, Dalmiro Garay pidió Jury de enjuiciamiento para analizar el accionar de María Elizabeth Lizán.
Dalmiro Garay llamó al organismo integrado por 7 jueces de la Corte, 7 senadores y 7 diputados ya que una investigación interna reveló que Lizán cometió irregularidades e inconductas en el ejercicio de la magistratura.
Los cargos que enfrenta Lizán
A la jueza la denunciaron empleados y funcionarios del Juzgado de Gestión Asociada de Familia de Las Heras por episodios ocurridos en noviembre de 2021, cuando se reincorporó al trabajo de modo presencial.
Los hechos investigados por la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte y las conclusiones posteriores hacen pasible a la magistrada de enfrentar los siguientes cargos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, malos tratos, abuso de poder y violencia institucional.
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Las pruebas
Más de media docena de testimoniales dieron cuenta de malos tratos de Lizán hacia el personal -los llamaba por sobrenombres despectivos-, de que delegaba la utilización de su dispositivo de firma digital -que es personalísimo e intransferible- y de que actuó con absoluto desconocimiento de los procedimientos legales en un caso de entrega en adopción de un recién nacido.
Este último hecho se produjo en el hospital neuropsiquiátrico El Sauce donde, durante una audiencia privada, interrogó a una mujer internada por adicciones y desorden mental acerca de la entrega en adopción de su bebé.
Los casos de adopciones irregulares
La irregularidad que pone a la jueza contra las cuerdas y que fue detectada por la Secretaría Legal y Técnica no es menor: la mujer entrevistada para dar a su bebé en adopción no contaba con la representación judicial prevista por la ley a través de la Asesoría de Menores e Incapaces para casos de personas vulnerables.
María Lizán vuelve a ser noticia otra vez, ahora porque está a punto de comenzar un proceso que podría derivar en la destitución y final de la carrera judicial.
Días atrás, la Suprema Corte le rechazó toda chance de acudir a la Corte nacional para apelar el fallo adverso de primera y segunda instancia en su intento por cobrar $5 millones de indemnización.
Ese reclamo civil por daños y perjuicios se debió a que entre 2012 y 2016 cobró la mitad del sueldo porque el Jury de Enjuiciamiento la suspendió y sometió a proceso por el escándalo de las adopciones ilegales en el Valle de Uco.
Tras haberse archivado las actuaciones correspondientes, Lizán volvió al cargo en Tunuyán, aunque con el paso del tiempo recaló en un juzgado de Familia recientemente creado -el número 12- en Las Heras.
Fuente: Diario UNO
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