Con la ola polar en camino, la vulnerabilidad de las personas que duermen a la intemperie vuelve a quedar en el centro del debate. Actualmente, los refugios locales albergan a una población de entre 250 y 300 personas, una cifra que refleja una problemática social en constante expansión.

Frente a este panorama, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone un giro en el abordaje estatal: la creación del “Sistema Provincial de Alertas Tempranas para la Prevención de la Situación de Calle”. La iniciativa apunta a cambiar el paradigma asistencialista actual, pasando de la reacción a la prevención; es decir, intervenir antes de que el ciudadano pierda su hogar, según señaló diario Mendoza Post.

El autor del proyecto, el legislador Lucas Ilardo, detalló que la gran diferencia de esta propuesta con legislaciones anteriores es su enfoque anticipatorio. Para el diputado, las respuestas del Estado suelen llegar cuando el daño ya está consolidado, lo que vuelve mucho más compleja la reinserción de la persona.

El mecanismo funcionaría como una red de contención: si una persona pierde su empleo y sabe que se enfrenta a un desalojo inminente, podrá recurrir a este sistema. A partir de allí, se activaría un abordaje interdisciplinario que involucre tanto a los municipios como al Ministerio de Salud y Deportes para evitar que esa familia termine en la vía pública.

La normativa busca institucionalizar la detección de casos de riesgo a través de la Dirección de Contingencia Social, coordinando acciones con las comunas y diversos organismos del Estado. Los ejes centrales contemplan:

• El proyecto pone el foco en situaciones críticas que suelen derivar en personas viviendo en la calle, como las salidas de establecimientos penitenciarios, hospitales o centros de salud mental. Se busca obligar a estas instituciones a notificar el egreso con al menos 90 días de anticipación si se detecta vulnerabilidad habitacional, con el fin de diseñar un plan de acompañamiento previo.

• Uno de los mayores obstáculos actuales es la falta de números claros. Mientras el Ejecutivo maneja una cifra, los municipios tienen otra y las ONG denuncian un número mucho mayor. La ley propone un registro único provincial para poder asignar presupuestos acordes a la realidad, señalando que actualmente solo la Ciudad de Mendoza cuenta con estadísticas sistematizadas.