Organismos de Derechos Humanos pedirán a la Justicia federal que revise las restricciones impuestas a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. El reclamo se formalizará este martes en una conferencia en la Cámara de Diputados, donde denunciarán un trato desigual respecto de otros detenidos.
El planteo apunta directamente al régimen fijado por el Tribunal Oral Federal Nº2, que estableció límites estrictos sobre visitas, uso de espacios comunes y controles electrónicos. Según denuncian los convocantes, las condiciones son más severas que las aplicadas a represores condenados por delitos de lesa humanidad que también gozan de arresto domiciliario.
En un comunicado conjunto, organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) señalaron que a la ex mandataria “le restringen las visitas y sus derechos políticos”, mientras que a “genocidas condenados” se les conceden permisos para actividades familiares, deportivas o laborales.
La conferencia fue convocada para las 11.30 en el anexo A de la Cámara baja y contará con la participación de referentes históricos del movimiento de Derechos Humanos, entre ellos Estela de Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, además de dirigentes y abogados vinculados a la defensa de causas de memoria, verdad y justicia.
Desde el entorno de Cristina Kirchner confirmaron que, a través de sus representantes legales, se solicitó la flexibilización del régimen de detención. Entre los pedidos figuran la eliminación de la tobillera electrónica, la supresión de la autorización judicial recurrente para visitantes habituales, la ampliación en la cantidad y duración de visitas y la quita del límite de dos horas para el uso de la terraza del edificio ubicado en la calle San José 1111.
Hasta el momento, la Justicia no dio lugar a esos planteos y mantiene vigentes las disposiciones fijadas el año pasado. El esquema actual limita las visitas a un máximo de tres personas por encuentro, durante no más de dos horas y hasta tres veces por semana. Estas condiciones, sostienen sus allegados, impactaron en la actividad política de la ex presidenta y redujeron su presencia pública y en redes sociales.
El reclamo de los organismos busca reabrir el debate sobre el alcance de la prisión domiciliaria y los criterios de igualdad ante la ley, en un escenario donde la figura de Cristina Kirchner continúa generando fuerte polarización política y judicial.
