El Interbloque Encuentro Mendocino cuestionó el proyecto del Régimen Penal Juvenil que se debate en la Legislatura y advirtió que el abordaje de la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal no puede reducirse al endurecimiento de las medidas, sino que debe garantizar seguridad, justicia, protección de las víctimas y, fundamentalmente, reinserción.

La senadora Adriana Cano sostuvo que no está en discusión la existencia de hechos de violencia y delitos cometidos por adolescentes, ni la necesidad de adecuar la legislación provincial al régimen nacional sancionado en febrero, sino la manera en que Mendoza decide abordar esta realidad. “Cuando el Código Penal llega rápido es porque el Estado fracasó”, remarcó Cano.

Cuestionó que mientras se plantea una respuesta penal se avance sobre organismos vinculados a la protección integral de niños, niñas y adolescentes. “Se preocupan, pero sí hacen que el Estado cada vez sea más chiquito para abordar estas situaciones. Dicen que se preocupan pero eliminan las áreas que trabajan para evitar que delincan”, señaló Cano.

Por su parte, el senador Ariel Pringles advirtió sobre el riesgo de “confundir que endurecer un sistema es hacerlo más eficaz” y sostuvo que una buena legislación penal juvenil debe garantizar una respuesta rápida, una sanción proporcional, protección para la sociedad y las víctimas y una posibilidad real de reinserción.

El legislador puso especial énfasis en la necesidad de establecer un control jurisdiccional reforzado, al considerar que el menor constituye la parte más débil dentro del proceso y que el juez debe contar con herramientas suficientes para garantizar sus derechos. También cuestionó aspectos vinculados a los plazos de privación de libertad, el funcionamiento de los supervisores especializados y la regulación de la cesura.

Finalmente, Encuentro Mendocino decidió abstenerse de votar el proyecto, dejando planteada su voluntad de que los aspectos cuestionados puedan ser revisados durante el tratamiento legislativo.
“La mano dura está en la ley de fondo”, sostuvo Pringles, y reclamó que el Código Procesal Penal Juvenil no se limite a profundizar el castigo, sino que establezca un procedimiento con garantías reforzadas y herramientas efectivas para la reinserción.