El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), oficializó la creación del Programa Federal de Primera Infancia (PFPI) mediante la Resolución 631/2025 publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa busca consolidar una política pública integral destinada a mejorar la atención, el cuidado y el desarrollo de los niños desde la gestación hasta los 48 meses, especialmente en territorios con mayores desigualdades.

El programa apunta a elevar la calidad de los servicios destinados a la primera infancia y a fortalecer la capacidad de gestión de las políticas públicas vinculadas al sector. Entre sus metas específicas se destacan:

• Fortalecimiento institucional a nivel nacional y provincial para planificar y ejecutar políticas de infancia de manera coordinada.
• Mejoras en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), incluyendo la definición de estándares comunes, capacitación del personal y monitoreo permanente.
• Acompañamiento territorial a las familias, promoviendo prácticas de crianza saludables, estimulación temprana y entornos protectores.
• Creación de sistemas de información integrados, con el fin de medir avances, rendir cuentas y orientar la toma de decisiones.
• Implementación de un esquema financiero basado en resultados, vinculando parte de los fondos al cumplimiento de metas y objetivos.

El PFPI abarca a niñas y niños desde el embarazo hasta los cuatro años, así como a sus familias y al personal que trabaja en los CDI: cuidadores, educadores, referentes técnicos y equipos de conducción.
La asignación territorial se regirá por un mecanismo de priorización, que utilizará un índice específico para identificar los departamentos con mayor desigualdad y necesidades de intervención.

El financiamiento del programa combina recursos del Estado nacional con aportes provenientes de créditos internacionales, entre ellos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Las provincias recibirán fondos mediante un esquema que puede contemplar montos por niño o vouchers mensuales, según se establezca en los convenios bilaterales. El sistema prevé controles y evaluaciones periódicas para garantizar que los recursos se utilicen con eficiencia.

Esta iniciativa se apoya en principios y normativas nacionales e internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Centros de Desarrollo Infantil. El enfoque central es el del interés superior del niño, que obliga al Estado a priorizar su bienestar físico, emocional, cognitivo y social.