El proyecto de reforma del Código Penal que el Ministerio de Justicia de la Nación quiere enviar al Congreso en marzo, agrava las penas para los delitos de corrupción, los piqueteros y los barrabravas. También busca proteger a la Policía en su accionar.

Una de las reformas planteadas es el “impedimento de acceso a la libertad condicional en delitos graves”, que establece que no se dará ese beneficio a personas declaradas reincidentes ni a las condenadas por delitos dolosos violentos que provoquen la muerte o un grave daño a la salud, o abuso sexual agravado, entre otros. La pena efectiva de prisión perpetua será de 35 años de cumplimiento total en cárcel, y de 40 si es reincidente.

En lo que respecta a las Fuerzas de Seguridad y su legítima defensa, se buscará protegerlas mediante la figura de “presunción en favor de la autoridad pública”, que indica que no será punible quien actuase en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Tampoco será castigado quien “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causare lesiones o muerte”.

Por otro lado, aparecen nuevos delitos, como las estafas piramidales y fraudes informáticos -incluyendo los realizados mediante inteligencia artificial-. Las penas serán de hasta 7 años de prisión para el caso de estafa agravada y multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido.

En el caso de los barrabravas, serán condenados por nuevos actos que pasarán a ser ilegales:  el impedimento de un espectáculo deportivo, causar riesgo de aglomeración o avalancha, la distribución y venta no autorizada de entradas y la corrupción en el deporte.

Los piqueteros que atenten “contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte”, correrán condenas de hasta 3 años. Además, deberán contar con la autorización del Estado para realizar sus manifestaciones.

Otra figura a destacar es la de usurpadores de tierras: quienes ocupen tierras de manera ilegal, deberán pagar una multa de hasta 75 millones de pesos. Además, en caso de contar con agravantes, pueden llegar a sufrir una condena que puede oscilar de tres a seis años. El mismo castigo se aplicaría para aquella persona que hubiera ejercido el rol de facilitador, organizador, promotor o instigador de los usurpadores.

Uno de los apartados más destacados es el de corrupción. El nuevo Código contiene varios artículos que implican que las penas sólo podrán ser de cumplimiento efectivo y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública será de por vida.

Para los delitos de cohecho, soborno trasnacional, enriquecimiento ilícito, las escalas penales van de 5 a 15 años de prisión -en la actualidad, es de 1 a 6 años-.

También se incorporó el uso de inteligencia artificial como forma de pornografía infantil y grooming

Por su parte, la compraventa de niños prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, tanto para el autor como para el facilitador o intermediario.

Al final del código, se incorpora un Libro Tercero dedicado exclusivamente a los delitos contra el orden internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los delitos de guerra.

El nuevo Código Penal fue elaborado por la Comisión de Reforma del mismo, conformada a principios del 2024, y que está encabezada por el abogado Jorge Boumpadre y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.