Una iniciativa presentada en la Legislatura de Mendoza busca incorporar una nueva condición para los conductores sancionados por manejar bajo los efectos del alcohol: completar y aprobar una capacitación psicoeducativa obligatoria antes de recuperar la habilitación para conducir en determinados casos.

El proyecto fue impulsado por la diputada María Inés Ramos, del bloque La Libertad Avanza, y plantea modificaciones al Código Contravencional y a la Ley de Seguridad de Tránsito.

La propuesta contempla la creación del “Programa Provincial de Prevención de la Reincidencia en Contravenciones e Infracciones Viales por Alcoholemia Positiva”, destinado a quienes sean sancionados por alcoholemia y, particularmente, a los conductores reincidentes.

La capacitación sería un requisito para volver a manejar

Uno de los principales cambios planteados es que el juez pueda establecer el programa como sanción accesoria obligatoria. Una vez cumplido el período de inhabilitación, el conductor deberá demostrar que aprobó la totalidad de los módulos para poder ser rehabilitado.

El esquema alcanzaría a quienes incurran en las conductas previstas por el artículo 67 bis de la Ley 9.099 y a los reincidentes contemplados en el artículo 86 bis de la Ley 9.024.

Según los fundamentos de la iniciativa, la intención es complementar las sanciones económicas y las restricciones para conducir con una herramienta que apunte directamente a prevenir que la conducta vuelva a repetirse.

Los números que utiliza el proyecto

La iniciativa toma como referencia el crecimiento de los controles de alcoholemia realizados en Mendoza durante los últimos años.

De acuerdo con los datos incorporados al proyecto, en 2024 los controles aumentaron un 241% interanual, mientras que la positividad se ubicó en el 3,3%.

Durante 2025 se realizaron aproximadamente 69.500 controles. Como resultado, se labraron 1.080 actas correspondientes a registros de hasta 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre y se iniciaron 1.358 procesos contravencionales por valores superiores a un gramo.

La tendencia se mantuvo durante 2026. Entre el 1 de enero y el 9 de junio se efectuaron 49.707 controles, un 33% más que durante el mismo período del año anterior. Esos operativos derivaron en 788 actas por alcoholemia positiva y 705 procesos contravencionales.

Para los autores del proyecto, estas cifras justifican sumar a las multas y los controles una estrategia específica destinada a reducir la reincidencia.

Qué incluiría el nuevo programa

La capacitación no estaría limitada a brindar información sobre las normas de tránsito. El proyecto establece que deberá incorporar contenidos vinculados con la reflexión, concientización, reeducación y modificación de conductas.

La finalidad será que quienes participen puedan reconocer los factores que influyen en sus decisiones al momento de conducir luego de consumir alcohol y adquirir herramientas para evitar que esa situación vuelva a producirse.

Para desarrollar las capacitaciones, el Poder Ejecutivo deberá definir una autoridad de aplicación, que también tendrá que conformar un Registro Provincial de Prestadores Habilitados.

Los conductores podrán seleccionar libremente a uno de los profesionales o instituciones que integren ese registro.

A su vez, se implementará un mecanismo de control destinado a verificar la identidad de los participantes, su asistencia, el cumplimiento de cada módulo y la validez de los certificados emitidos.

El conductor deberá pagar la capacitación

Otro de los aspectos previstos en la iniciativa es que el costo del programa estará a cargo del infractor.

Los prestadores habilitados podrán establecer el valor de la capacitación. Sin embargo, el proyecto contempla una alternativa para aquellas personas que puedan acreditar que no tienen recursos suficientes para afrontar el pago.

En esos casos podrán recurrir a efectores públicos provinciales o a los mecanismos que establezca posteriormente la reglamentación.

También alcanza a los reincidentes

El proyecto pone especial énfasis en quienes vuelvan a cometer una infracción de las mismas características. Los conductores que tengan una condena firme por la misma infracción dentro de los tres años anteriores deberán realizar y aprobar el programa.

La acreditación del cumplimiento de la capacitación será necesaria para obtener nuevamente la habilitación para conducir, una vez finalizado el período de inhabilitación que corresponda.

En los casos de alcoholemia igual o superior a un gramo por litro de sangre, la propuesta mantiene las sanciones actualmente previstas, que contemplan multas de entre 4.000 y 11.000 unidades fiscales o arresto de hasta 120 días, además de una inhabilitación de entre 90 y 545 días.

A esas sanciones se sumaría la obligación de completar y aprobar el nuevo programa.

Buscan controlar los certificados

La iniciativa también establece mecanismos destinados a evitar que las capacitaciones se conviertan en un simple trámite.

Entre sus objetivos aparece el de impedir prácticas fraudulentas y la emisión irregular de certificados, mediante herramientas que permitan comprobar que cada infractor efectivamente cumplió con el proceso formativo.

Además, la autoridad de aplicación deberá elaborar cada año un informe estadístico anonimizado con información sobre la cantidad de personas alcanzadas, el nivel de cumplimiento y los índices de reincidencia.

El proyecto deberá ser tratado ahora por la Legislatura provincial. Si finalmente es aprobado y promulgado, el Poder Ejecutivo tendrá 30 días para reglamentarlo y establecer los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el programa.