El presidente Javier Milei dispuso este viernes la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos nuevas obras sociales específicas, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026 publicado en el Boletín Oficial. La decisión redefine el esquema de cobertura sanitaria para el personal militar y las fuerzas federales de seguridad.
Según el decreto, el IOSFA será reemplazado por dos entes autárquicos con personería jurídica propia y cobertura en todo el país. Se trata de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), que dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional.
Desde el Ejecutivo señalaron que la medida se fundamenta en las diferencias operativas, laborales y funcionales entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura, que hasta ahora estaban integradas en un mismo sistema pese a depender de distintos ministerios.

El Gobierno argumentó que el IOSFA arrastraba un desequilibrio financiero estructural persistente, producto del incremento sostenido de los costos médicos y de los medicamentos, la amplia dispersión territorial de los afiliados y la heterogeneidad del padrón. En ese contexto, la reorganización busca garantizar la sostenibilidad del sistema y preservar el derecho a la salud de los beneficiarios.
El decreto establece un período de transición de hasta 365 días para concretar el cierre del IOSFA. Durante ese lapso se transferirán activos, bienes, personal y afiliados a las nuevas obras sociales, y se asegurará la continuidad de los tratamientos en curso. Además, el Ministerio de Defensa designará un administrador para supervisar la liquidación del instituto.
También se conformará una comisión especial integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Salud y Economía, que tendrá la función de asesorar y acompañar el proceso de reorganización. Los afiliados de las Fuerzas Armadas deberán ser transferidos en un plazo máximo de 60 días, mientras que los de las fuerzas federales de seguridad lo harán en un plazo de hasta 180 días.
Una vez completado el traspaso, los aportes y contribuciones dejarán de ingresar al IOSFA y pasarán directamente a las nuevas obras sociales, que asumirán la cobertura definitiva. El Estado nacional deberá, además, instrumentar los mecanismos necesarios para cancelar los pasivos pendientes del organismo disuelto.
El DNU entró en vigencia con su publicación y será remitido al Congreso de la Nación para su tratamiento por parte de la Comisión Bicameral encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia.
