Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura comenzaron este jueves el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. La iniciativa busca adecuar la estructura judicial, institucional y operativa local a la nueva normativa nacional, que comenzará a regir el próximo 5 de septiembre.

Del encuentro participaron la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el ministro de Educación, Infancia y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar; el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; la subsecretaria de Infancias, Verónica Álvarez; y el director de Responsabilidad Penal Juvenil, Daniel Patiño.

Durante la reunión, los funcionarios explicaron a los legisladores los principales cambios que implica el nuevo régimen y remarcaron la necesidad de avanzar con rapidez en la adecuación provincial. Rus sostuvo que se trata de un cambio de paradigma y pidió diferenciar las cuestiones técnicas de las discusiones ideológicas sobre la responsabilidad penal adolescente.

Uno de los principales cambios será la ampliación del régimen a adolescentes desde los 14 años y la incorporación de todos los delitos dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil. Además, desaparece la posibilidad de que un juez declare la responsabilidad penal de un joven y posteriormente lo exima de pena.

En su lugar, se establece un catálogo de sanciones que prioriza medidas alternativas a la privación de la libertad, como amonestaciones, tratamientos, continuidad educativa y otras pautas orientadas a la responsabilización y reinserción. El encierro quedará como última alternativa y la pena máxima será de 15 años.

Un fuero especializado

El proyecto mantiene la especialización del sistema judicial mendocino, con fiscales, defensores y jueces penales juveniles. Como regla general, los casos que lleguen a juicio serán resueltos por tribunales colegiados, mientras que la intervención unipersonal será excepcional. En los casos de flagrancia, en cambio, el tribunal actuará con integración unipersonal.

La iniciativa también apunta a reducir la cantidad de causas que llegan a juicio mediante herramientas como la mediación, los criterios de oportunidad, la conciliación y otros mecanismos de justicia restaurativa.

Rus informó que durante 2024 y 2025 pasaron por la Unidad Provincial de Abordaje de Niños y Adolescentes (UPANA) 687 jóvenes imputables. Entre el 50% y el 60% de los casos correspondió a delitos contra la propiedad. La privación de libertad alcanzó al 8% en 2024, al 9,7% en 2025 y ronda el 9% durante 2026.

Por su parte, García Zalazar señaló que Mendoza deberá ampliar el sistema que actualmente trabaja con jóvenes de 16 a 18 años para incorporar a la franja de 14 a 16. Actualmente hay 511 jóvenes bajo abordaje: 46 privados de su libertad, dos con restricción y 463 alcanzados por medidas alternativas.

El proyecto incorpora además la figura del Supervisor Especializado, planes individuales de intervención y reinserción, monitoreo electrónico y permanencia domiciliaria supervisada. También contempla educación, capacitación laboral y aprendizaje de oficios como herramientas para prevenir la reincidencia.

La propuesta incluye la reorganización de los dispositivos provinciales y mantiene a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil como organismo administrativo descentralizado. Además, prevé reacondicionar unidades existentes e incorporar una nueva en el Valle de Uco.

Tras la primera exposición de los funcionarios, las comisiones acordaron continuar el análisis el próximo lunes 31 de agosto, en un debate que deberá resolverse antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional.