El Gobierno de Mendoza formalizó la aplicación obligatoria de test de detección de sustancias psicoactivas a embarazadas internadas en maternidades públicas. La disposición quedó establecida mediante la Resolución 305 y ya se encuentra en vigencia en todo el sistema sanitario provincial.
La normativa establece que el control alcanzará a todas las pacientes gestantes hospitalizadas y buscará identificar consumo de alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, éxtasis y otras drogas, tanto sintéticas como naturales. Según el texto oficial, no existen dosis seguras durante la gestación, ya que estas sustancias pueden afectar órganos en desarrollo como el sistema nervioso central, el cardiovascular, el renal y el cutáneo.
Desde el Ministerio señalaron que el test se aplicará como una “medida de protección de la salud integral de la gestante y la persona por nacer”. Para su implementación se aprobó un formulario de consentimiento informado que deberá ser firmado por la paciente antes de la realización del estudio.
Los resultados se incorporarán a los sistemas oficiales de información perinatal —SIP+ o el sistema CLAP integrado en la Historia Clínica Electrónica— y, en caso de detectarse consumo, se activará un abordaje interdisciplinario con seguimiento posterior al alta hospitalaria, salvo negativa expresa de la persona gestante, que también deberá quedar registrada.
La Subsecretaría de Gestión de Salud fue instruida para coordinar la puesta en marcha del protocolo y garantizar su comunicación en todos los establecimientos públicos.
Riesgos señalados en la resolución
En los fundamentos de la medida, la cartera sanitaria advierte que el consumo de sustancias durante el embarazo se asocia a complicaciones como restricción del crecimiento intrauterino, abortos espontáneos, partos prematuros y eclampsia. También menciona riesgo de muerte fetal intrauterina, malformaciones congénitas y trastornos del neurodesarrollo, que pueden requerir internación del recién nacido en cuidados intensivos.
El documento oficial sostiene que entre el 5% y el 10% de las personas gestantes reconoce haber consumido drogas ilícitas durante el embarazo. Sin embargo, indica que en estudios con pesquisas universales en poblaciones consideradas de riesgo, las prevalencias detectadas pueden ubicarse entre un 10% y un 40% por encima de lo declarado.
Además, enumera posibles consecuencias médicas asociadas al consumo, como cuadros psiquiátricos agudos, infecciones de transmisión sexual (VIH, hepatitis B y C, sífilis), hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, infarto y síndrome de abstinencia neonatal.
Desde cuándo rige
La resolución comenzó a regir el 26 de febrero de 2026, fecha de su dictado. A partir de ahora, el testeo forma parte del protocolo obligatorio en todas las maternidades públicas provinciales para personas gestantes internadas.
