El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para aliviar la carga económica de hogares y empresas locales tras la promulgación de la Ley N° 9730.

La normativa busca incentivar a las entidades financieras y acreedoras a renegociar las condiciones de pago de créditos existentes, otorgando beneficios fiscales a quienes ofrezcan alternativas de pago más accesibles a los deudores de la provincia.

La medida alcanza tanto a personas humanas como a PyMEs y empresas que busquen reestructurar sus compromisos o consolidar deudas tomadas en distintas entidades para unificarlas en condiciones más favorables.

Beneficios impositivos para incentivar las refinanciaciones

Para motivar a las entidades financieras a renegociar los pasivos en lugar de ejecutarlos, la ley establece dos incentivos fiscales centrales:

• Exención total del Impuesto de Sellos: los nuevos contratos de refinanciación firmados bajo este marco normativo quedan completamente eximidos de este tributo.
• Reducción de Ingresos Brutos al 5%: las entidades cobren ingresos por estos nuevos acuerdos pagarán una alícuota reducida del 5% en Ingresos Brutos. Para acceder a este beneficio, el crédito deberá contar con un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) de hasta el 40%.

Qué se considera reestructuración de deuda

La norma define como refinanciación a toda modificación contractual que flexibilice plazos, cuotas, tasas de interés o garantías para aliviar al deudor. También incluye aquellos préstamos otorgados por una entidad con el fin específico de cancelar deudas vigentes en otros bancos o financieras.

Por el contrario, quedan expresamente excluidas de estos beneficios las operaciones de venta, cesión, transferencia o securitización de carteras de morosos a terceros o fideicomisos cobradores.

Controles y vigencia de la norma

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) estará a cargo de la fiscalización del régimen. Las entidades participantes deberán presentar declaraciones juradas mensuales con el detalle de las operaciones realizadas, datos que serán cruzados de forma directa con la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si se detecta falsedad en los datos informados, los acreedores deberán abonar los impuestos omitidos junto con recargos, intereses y las sanciones previstas en el Código Fiscal.

La Ley de Alivio Financiero mantendrá su validez hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el Poder Ejecutivo quedó facultado para prorrogar su vigencia por seis meses adicionales.