La Legislatura mendocina dio un paso decisivo hacia una modificación profunda en el modo de fiscalizar las conductas viales: los ciudadanos podrán enviar videos y fotos de infracciones de tránsito a través de WhatsApp y plataformas digitales oficiales. El proyecto, impulsado por La Unión Mendocina y analizado este miércoles en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, ya cuenta con despacho para ser tratado en el recinto y recibió una señal positiva del Ministerio de Seguridad.
La propuesta fue presentada por el legislador Germán Vicchi y plantea modificar la Ley 9562, que regula el uso de videocámaras en espacios públicos. Sin embargo, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, sostuvo que la figura más adecuada es incorporarlo dentro del procedimiento de la Ley de Tránsito, ya que se trata de una comunicación de infracción y no de un sistema de monitoreo estatal.
Rus recordó recientes casos viralizados en redes sociales que evidencian maniobras temerarias y remarcó un dato central: el 60% de los siniestros viales con víctimas fatales se debe a negligencias al volante, mientras que el alcohol tiene hoy una incidencia menor en la estadística nacional. Para la ministra, habilitar canales formales para registrar estas conductas podría ayudar a prevenir episodios graves que suelen minimizarse.
El proyecto propone crear un canal digital oficial vía web y WhatsApp, gestionado tanto por el Ministerio de Seguridad como por los municipios, para que cualquier persona pueda remitir material audiovisual que registre infracciones o accidentes. Ese contenido ingresará como una comunicación ciudadana, no como una denuncia formal: la autenticidad deberá ser verificada, y el Ministerio podrá solicitar datos adicionales como patente, ubicación u horario. Si es necesario, se contactará a quien envió el material para validar su rol como testigo.
Con esos elementos, se elaborará un informe preventivo que será remitido al juzgado vial correspondiente, que evaluará si corresponde avanzar con una sanción, tal como ocurre con cualquier acta tradicional de infracción. Tanto los municipios como el Ministerio podrán descartar grabaciones que no correspondan a su jurisdicción o que presenten indicios de manipulación; en casos de adulteración o denuncias maliciosas, la información será enviada al Ministerio Público Fiscal.
La letra fina del proyecto establece además un capítulo específico en la Ley 9562 para habilitar que cualquier persona mayor de edad pueda filmar infracciones en la vía pública. Cada municipio deberá contar con un sistema de recepción del material y tendrá un plazo máximo de 48 horas para labrar el acta y enviarla al juez de tránsito correspondiente, incluso en situaciones donde ya haya intervenido una autoridad vial.
Uno de los puntos más llamativos es el incentivo para fomentar la participación ciudadana: quienes envíen material que derive en una sanción podrán recibir un descuento del 10% en el impuesto automotor del año siguiente, siempre que no tengan deudas. Para quienes no tributen ese impuesto, el beneficio se trasladará a otros gravámenes provinciales.
Finalmente, la iniciativa endurece el castigo para el mal uso del sistema: las denuncias falsas o el envío de material adulterado (incluido el generado mediante inteligencia artificial) podrán derivar en una compulsa penal ante el Ministerio Público Fiscal.
