Este jueves entró en vigencia en Mendoza la Ley 9.718, tras su oficialización en el Boletín Oficial. La normativa introduce transformaciones profundas en la matriz productiva y en el esquema del Estado provincial, destacándose la incorporación al régimen nacional de inversiones, la liquidación de un histórico fondo de financiamiento y la reorganización de dependencias oficiales.
A continuación, los ejes centrales que componen esta reforma integral:
Mendoza se sumó formalmente al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), enmarcado en la Ley Nacional 27.802. Con el objetivo de atraer capitales productivos, la provincia ofrecerá a las empresas adheridas un abanico de beneficios por 10 años:
- Reglas claras: Garantía de estabilidad tributaria y facilidades en el Impuesto de Sellos.
- Apoyo operativo: Prioridad en programas de financiamiento, capacitación laboral, incentivos al empleo y acceso a parques industriales.
- Requisito: Para acceder a las exenciones y beneficios, las firmas deberán contar con certificado de libre deuda emitido por la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
La ley decreta el fin de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (Ley 6.071). El proceso de liquidación estará bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que nombrará a un liquidador encargado de sanear deudas, administrar activos y transferir a la provincia la participación accionaria en Mendoza Fiduciaria S.A.
A partir de este cambio, Mendoza Fiduciaria S.A. asumirá los fideicomisos vigentes, mientras que el Ejecutivo provincial implementará nuevos esquemas de subsidio de tasas de interés para respaldar proyectos privados.
Con el fin de equilibrar sus cuentas y garantizar su viabilidad financiera, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos tendrá un plazo de un año para reestructurar su organigrama, funciones y dotación de personal. Para facilitar esta transición, se flexibilizan de forma temporal ciertos límites presupuestarios y se habilita al Ejecutivo a realizar giros de fondos de auxilio si fuera necesario.
Para el personal afectado por la disolución de organismos o reestructuraciones, la ley contempla un esquema de tres vías:
- Retiro voluntario: Con una indemnización del 120% respecto a la liquidación de ley.
- Reubicación: Traslado a otras dependencias de la administración pública provincial.
- Desvinculación formal: Pago de la indemnización correspondiente para quienes no opten por las alternativas anteriores.
En el plano administrativo, el Gobierno quedó facultado para dar de baja créditos e hipotecas considerados incobrables bajo la tutela de la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (DAABO), cerrando carpetas pendientes de viejas entidades estatales.
Por último, el texto legal insta a los departamentos y municipios de Mendoza a adherir al capítulo del RIMI, permitiendo que cada comuna otorgue exenciones o beneficios locales para potenciar la llegada de inversiones a sus distritos.
