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Mendoza: la mayoría de los afectados por la suspensión del plan Potenciar Trabajo figuraban como empleados de la DGE

El Gobierno provincial alegó que la información sobre altas y bajas en los programas es responsabilidad de la Nación. Se espera un dictamen de la Oficina de Ética Pública para esclarecer la situación.

La polémica en torno a la suspensión de planes Potenciar Trabajo en Mendoza continúa, y ahora se reveló que casi el 90% de los 96 estatales mendocinos afectados trabajan para la Dirección General de Escuelas (DGE). La suspensión se realizó debido a supuestas irregularidades que apuntan a la incompatibilidad de recibir el plan y tener empleo formal.

El programa Potenciar Trabajo, creado durante la gestión de Alberto Fernández, estaba dirigido a personas en situación de vulnerabilidad social, proporcionando un salario mensual por una contraprestación que serviría como “puente al empleo”. Sin embargo, aquellos que ya tuvieran un “trabajo formal y registrado” no podían acceder al beneficio.

El Gobierno provincial sostiene que, si hubo estatales mendocinos que cometieron irregularidades, son casos aislados en un universo de casi 100 mil empleados públicos. También se deslinda de responsabilidad, argumentando que la Provincia no otorga los planes, sino que es responsabilidad de la Nación, que posee la información para confirmar incompatibilidades.

Ante la noticia de que la mayoría de los estatales afectados pertenecen a la DGE, el Poder Ejecutivo sugiere que esto podría deberse a la dinámica toma de personal en esa área del Estado.

La Oficina de Ética Pública de la provincia emitiría un dictamen la próxima semana para aclarar la situación. La intervención de este organismo se activó tras detectarse que 96 personas figuraban tanto en los registros del Gobierno provincial como en los del programa Potenciar Trabajo. Se espera que este dictamen esclarezca si los implicados, en su mayoría de la DGE, recibían el plan y un salario estatal al mismo tiempo.

El Gobierno provincial insiste en que la Nación debe definir la incompatibilidad y subraya que la lista de empleados presuntamente beneficiarios de manera irregular fue enviada a la Oficina de Ética Pública para su revisión.

La controversia sobre los planes Potenciar Trabajo también ha afectado a otras provincias, y la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises) ha remitido al Gobierno nacional nóminas de personas detectadas en posible infracción de las normas del programa.

El Ministerio de Gobierno de Mendoza confirma que la Nación maneja altas, bajas y nóminas de beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, y la Provincia solo aportó a 3.700 personas para recibir dichos beneficios. La mayoría de los planes, según el Gobierno provincial, fueron entregados por organizaciones sociales, específicamente el Movimiento Evita.

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