El Gobierno implementará un sistema de vigilancia mucho más estricto para el traslado de alimentos y productos agroindustriales dentro del territorio provincial. A través de una resolución emitida por la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, las autoridades locales oficializaron un protocolo que otorga mayores atribuciones a los inspectores para asegurar la trazabilidad y las condiciones sanitarias de las cargas en calles y rutas.

A partir de esta normativa, el personal oficial queda facultado para interceptar vehículos de carga que transporten materias primas (tanto de origen vegetal como animal), así como alimentos elaborados o semielaborados, con el objetivo de constatar que se ajusten a las exigencias legales vigentes.

Los operativos de control vial pondrán la lupa sobre tres ejes fundamentales: la documentación, la estructura del vehículo y la preservación de la mercadería.

• Requisitos para el transportista y el rodado: los conductores deberán circular con su documentación personal, licencia habilitante y los papeles del vehículo al día. Asimismo, será obligatorio contar con el certificado vigente de la Unidad de Transporte Alimentario (UTA) y, de ser requerido, el carnet de manipulador de alimentos.
• Condiciones higiénico-sanitarias: se verificará minuciosamente que la carga se encuentre debidamente aislada para evitar cualquier tipo de contaminación externa. Los agentes controlarán la limpieza general del habitáculo de carga y el correcto funcionamiento de los sistemas de frío en el caso de productos congelados o perecederos.
• Buenas prácticas de estiba: se mantendrá una estricta vigilancia para evitar la contaminación cruzada entre diferentes tipos de productos y se prohibirá de forma tajante que los alimentos se encuentren apoyados directamente sobre el suelo del transporte.

La principal novedad de este marco regulatorio radica en la facultad que se le otorga al cuerpo de inspectores para efectuar decomisos preventivos en caso de detectar anomalías graves que pongan en riesgo la salud pública.

Ante un incumplimiento severo, las autoridades labrarán el acta de infracción correspondiente y procederán a retener de forma preventiva el cargamento. A partir de ese momento, los transportistas afectados dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para ejercer su derecho a réplica y presentar los descargos administrativos pertinentes.

Para garantizar la efectividad de los procedimientos en puntos estratégicos y accesos clave, la dirección provincial coordinará acciones conjuntas y podrá requerir el auxilio de la Policía Rural, las fuerzas de seguridad locales y las distintas dependencias municipales.

Desde el Ejecutivo mendocino señalaron que este endurecimiento de las medidas responde de manera directa al incremento de casos de vehículos comerciales detectados en infracción, ya sea por carecer de las autorizaciones obligatorias o por trasladar mercadería sin respetar las cadenas de frío e higiene. Esta reestructuración coincide, además, con el proceso de centralización de funciones de auditoría alimentaria que la provincia viene ejecutando bajo la órbita de la cartera de Fiscalización y Tecnología Agroindustrial.