A través de la resolución 118 el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), convocó a una audiencia pública para definir un nuevo aumento de la tarifa eléctrica.
En concreto, se tratará la adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD), el ítem local de la factura de luz.
El último aumento dispuesto fue en el mes de mayo cuando la Secretaría de Energía de la Nación estableció fijó una suba del 12% correspondiente a los costos de abastecimiento.
El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 3 de julio de 2026 a partir de las 9.30 horas. Según lo dispuesto por el organismo de control, la audiencia se desarrollará bajo una modalidad mixta, permitiendo la participación tanto de forma presencial como digital:
- Presencial: En el Espacio Cultural Julio Le Parc (Sala Vilma Rúpolo), ubicado en la intersección de las calles Mitre y Godoy Cruz, en el departamento de Guaymallén.
- Virtual: A través de la plataforma ZOOM, mediante un enlace de acceso que el regulador publicará junto con la resolución oficial.
El trasfondo del ajuste
Este llamado se enmarca en lo establecido por el Decreto Provincial N° 1680/2024, el cual aprobó el denominado Procedimiento de Adecuación del VAD. Esta normativa contempla un mecanismo de actualización periódica de las tarifas dentro de un mismo período tarifario, diseñado para responder a las variaciones de costos de las empresas concesionarias del servicio.
Según los considerandos del organismo, la medida busca “preservar el equilibrio y la sustentabilidad del Fondo Provincial Compensador de Tarifas”, al mismo tiempo que afirma respetar los principios de una tarifa “justa, razonable y homogénea” en todo el territorio mendocino.
Para llegar a esta instancia, la Gerencia Técnica de la Regulación del EPRE elaboró un informe técnico donde analizó la estructura de costos eficientes de cada distribuidora (calculados en la última Revisión Tarifaria Ordinaria) y evaluó el impacto de la inflación y la variación de precios en la prestación del servicio.
Espacio de participación
Las audiencias públicas constituyen un paso legal obligatorio antes de aplicar cualquier incremento en los servicios públicos, si bien sus conclusiones no son vinculantes para el Poder Ejecutivo.
