A partir del 1 de julio, Mendoza pondrá en marcha un nuevo esquema de atención de nacimientos en hospitales y clínicas privadas. La medida establece que los partos serán asistidos por los equipos de guardia obstétrica de cada institución, independientemente del médico que haya acompañado el embarazo, en una estrategia que apunta a reducir la elevada tasa de cesáreas que registra el sector privado.

Según datos oficiales, ocho de cada diez nacimientos en clínicas privadas se realizan mediante cesárea, una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias. Desde el Ministerio de Salud sostienen que muchas mujeres terminan siendo sometidas a una cirugía sin indicación médica ni decisión propia, por lo que consideran necesario impulsar un cambio de modelo que priorice el parto fisiológico y respete la voluntad de la paciente.

La iniciativa generó cuestionamientos entre profesionales y futuras madres. Desde el Círculo Médico de Mendoza advirtieron públicamente que se perderá el vínculo de confianza construido durante todo el embarazo entre la paciente y su obstetra de cabecera, quien conoce en profundidad la historia clínica y los posibles factores de riesgo. Sin embargo, referentes de Obstetras Unidos de Mendoza respaldaron el proyecto frente a los medios y coincidieron en que la provincia debe actuar frente al incremento sostenido de cesáreas.

Uno de los cambios más relevantes es que los médicos que realizaron el seguimiento del embarazo sólo podrán participar del nacimiento si forman parte del staff de la clínica o el hospital donde se realizará el parto. Además, el nuevo sistema fijará un arancel único de $1.300.000 por nacimiento, con una distribución específica de honorarios entre los profesionales intervinientes. Desde el Gobierno remarcaron que la reforma buscará garantizar equipos completos de guardia y asegurar que cada mujer cuente con atención especializada las 24 horas, respetando sus derechos y decisiones durante el proceso de nacimiento.