En Mendoza, 264 niños, niñas y adolescentes tienen declarada su situación de adopción y continúan esperando una familia. Frente a esta realidad, el Gobierno Provincial presentó un proyecto de ley que busca agilizar los procesos de adopción y encontrar nuevas herramientas para aquellos casos en los que las vinculaciones resultan más complejas.
La iniciativa modifica el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar y articula con el Sistema Provincial de Acogimiento Familiar Temporario. El objetivo es reducir las demoras y garantizar que los chicos que esperan una familia puedan acceder a una respuesta adecuada.
De acuerdo con los datos oficiales, 93 de los niños y adolescentes en situación de adoptabilidad presentan algún tipo de discapacidad, 88 tienen entre 5 y 11 años, 83 son adolescentes de entre 12 y 17 años y 103 forman parte de grupos de hermanos.

A esta situación se suma la existencia de más de 120 convocatorias públicas que continúan abiertas y que, en muchos casos, no lograron encontrar familias interesadas en avanzar con el proceso.
Uno de los principales desafíos está relacionado con la cantidad de personas inscriptas en el Registro Provincial de Adopción. Actualmente existen 80 legajos evaluados, pero 72 tienen suspendida su disponibilidad adoptiva, por lo que quedan solamente ocho personas o familias disponibles para adoptar en toda la provincia.
Para llevar adelante este proceso, la propuesta establece una serie de herramientas destinadas a evaluar a los adultos referentes y determinar si pueden avanzar con una adopción:
- Equipo interdisciplinario: se creará un Equipo Interdisciplinario de Diagnóstico de Aptitud Adoptiva Específica de Adultos Referentes (EIDAAE), que funcionará dentro del Registro Provincial de Adopción.
- Evaluación de los adultos referentes: a partir de un pedido fundamentado de la DGP, el equipo realizará evaluaciones psicológicas y sociales para determinar la aptitud de los adultos. El análisis tendrá los mismos niveles de exigencia que se aplican a quienes están inscriptos en el registro general, pero estará enfocado específicamente en el vínculo que mantienen con ese niño, niña o grupo de hermanos.
- Intervención de la Justicia: si el resultado de la evaluación es favorable, el expediente será enviado al juez de Familia correspondiente. El magistrado analizará el informe y, mediante una resolución fundamentada, convocará a una audiencia para definir si corresponde avanzar con la guarda con fines adoptivos.
