Esta actividad, vigente en países como Uruguay o Chile, se sumará a las existentes y buscará diversificar la matriz agrícola e industrial del cannabis. El Gobierno trabaja en la reglamentación de la ley para garantizar trazabilidad y seguridad del producto.
El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Economía y Energía, trabaja en la investigación, regulación, control y funcionamiento productivo del cannabis medicinal, luego de que la Legislatura provincial adhiriera en diciembre a la Ley 27350, que permite la investigación médica y científica, el uso y el cultivo de la planta y sus derivados.
Los cannabinoides tienen propiedades medicinales, lo que permite tratar dolencias como cáncer, epilepsia, glaucoma, esclerosis múltiple, fibromialgia y dolor crónico, entre otros que están en investigación. Hasta ahora, quienes tenían la necesidad de acceder a este producto como paliativo o tratamiento estaban obligados a ingresar a un mercado que no garantizaba la calidad medicinal y la composición del producto.
Por eso, esta Ley tiene doble beneficio: diversifica la actividad productiva de Mendoza, con una industria ligada a la agricultura que mueve inversiones y genera empleo en países vecinos como Chile o Uruguay; y da acceso legal, seguro y controlado a los mendocinos que necesitan los derivados del cannabis.
“Buscamos desde el Gobierno de la provincia que la actividad tenga una impronta productiva importante, básicamente es algo innovador”, afirmó el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo.
La intención de Suarez es que el ciclo económico completo se produzca en la provincia, desde el cultivo hasta el aceite de cannabis. Esto genera expectativas teniendo en cuenta que estas inversiones generan empleo. De hecho, desde el Ejecutivo señalan que a partir de la sanción ya hubo algunos privados que comenzaron a realizar consultas para invertir.
“Nuestro gobierno cree en el sector privado como generador de riqueza, pretendemos que se involucren en esto”, indicó el funcionario.
La implementación cumple además con la Ley provincial 8962, sancionada en 2017, que ordena establecer un marco regulatorio para el funcionamiento de esta actividad.
El programa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Energía, que será la autoridad de aplicación en todas las etapas de la cadena de valor, tal como lo hace con diversas actividades agrícolas de la provincia.
A su vez, el Gobierno de Mendoza propiciará la participación de personas humanas o jurídicas en el desarrollo de proyectos productivos que deberán cumplir con protocolos precisos de investigación, cultivo, producción y comercialización.
Además, se creará un registro de usuarios y usuarias que cultivan para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos en sus domicilios: podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación.
Calidad, seguridad sanitaria y acceso equitativo
El programa trabajará codo a codo con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y organismos científicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), además de universidades y expertos de otros sectores.
“Es muy importante que participen todos. Pretendemos garantizar la trazabilidad, desde lo vinculado a las semillas hasta el proceso de industrialización”, agregó Moralejo.
El objetivo es controlar toda la cadena de valor del producto para garantizar un acceso seguro, oportuno e inclusivo, ya que hoy muchos pacientes se ven en la necesidad de recurrir a la compra en el exterior o en un mercado ilegal que no ofrece garantías.
La instrumentación de la Ley, además de garantizar la provisión segura, promueve la investigación para seguir indagando en los usos terapéuticos de esta planta, por lo que el INTA y el CONICET tendrán sus propios cultivos con fines de investigación científica.
Registro y control
El Ministerio de Economía y Energía avanza en la creación de un registro para garantizar la trazabilidad y calidad del producto, que debe cumplir con las exigencias de toda la cadena de valor: desde el cultivo hasta la producción, transformación y/o distribución de derivados de grado médico.
Para garantizar esto, habrá un Consejo Consultivo de Cannabis, un organismo especial de asistencia técnica que trabajará con el Ministerio y que se ocupará del diseño de manuales de procedimientos y buenas prácticas.
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