El Gobierno de Mendoza volvió a poner el foco en una política penitenciaria que se desarrolla desde hace más de una década dentro de las cárceles provinciales: un programa destinado a personas condenadas por delitos sexuales que busca reducir la reincidencia una vez recuperada la libertad. Según datos difundidos por el Servicio Penitenciario, 167 internos finalizaron el tratamiento y ninguno volvió a ser condenado por delitos contra la integridad sexual.

El dispositivo depende de la Dirección de Agresores Sexuales (DAS) y actualmente trabaja con más de 200 detenidos condenados por abuso sexual, abuso con acceso carnal, grooming y otros delitos vinculados. La participación es voluntaria, aunque quienes ingresan deben reconocer el delito cometido y aceptar trabajar sobre problemáticas relacionadas con el control de impulsos y la responsabilidad de sus actos.

El programa comienza varios años antes de que los internos puedan acceder a salidas transitorias o libertad condicional. Según explicaron desde el equipo terapéutico, el objetivo central es evitar nuevas situaciones de violencia sexual mediante herramientas de autocontrol, empatía y reconocimiento del daño causado. Los tratamientos se realizan en grupos coordinados por psicólogos y especialistas, duran entre dos y tres años y actualmente funcionan en distintos complejos penitenciarios de Mendoza.

Si bien el Ejecutivo provincial destaca los resultados obtenidos, las cifras oficiales también abren interrogantes sobre cómo se mide la reincidencia y qué seguimiento existe a largo plazo una vez que las personas recuperan la libertad. En Mendoza, hoy hay más de mil detenidos por delitos sexuales y el DAS aparece como una de las pocas experiencias específicas enfocadas en trabajar sobre la prevención de nuevos delitos, en un debate público donde la discusión suele centrarse más en el castigo que en lo que ocurre después de la condena.