La Legislatura de Mendoza sancionó este martes una ley que amplía el uso del Fondo Escolar Permanente y habilita a destinar parte de sus recursos a programas de acceso a la vivienda para docentes y celadores. La propuesta impulsada por el Gobierno ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y obtuvo ahora 25 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones en el Senado.

La modificación incorpora al fondo los recursos obtenidos por la venta, subasta o alquiler de bienes muebles e inmuebles, vehículos e insumos en desuso o en situación de rezago que estén bajo administración de la DGE. Además de continuar financiando obras, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares, el dinero podrá utilizarse como garantía, contragarantía, reserva o respaldo para operaciones crediticias y programas de soluciones habitacionales y urbanización.

La implementación estará a cargo de la Dirección General de Escuelas en conjunto con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que tendrá participación en las convocatorias y en el desarrollo de los programas. Según informó el Gobierno, el Fondo Escolar Permanente acumula más de $500 millones provenientes de remates realizados durante el último año, mientras que otros 12 procesos se encuentran en evaluación.

Una vez que la ley sea promulgada y reglamentada, docentes titulares y suplentes y celadores podrán inscribirse a las distintas líneas habitacionales, de acuerdo con la disponibilidad de terrenos y viviendas en cada departamento. El acceso se basaría en modalidades ya existentes, como el ahorro previo o el financiamiento hipotecario. La iniciativa, sin embargo, recibió cuestionamientos de sectores de la oposición, que señalaron que todavía faltan precisiones sobre los requisitos, los beneficiarios y el alcance concreto de los programas, además de advertir que los recursos del fondo deberían priorizar las necesidades de infraestructura de las escuelas.