El Gobierno de Mendoza formalizó los mecanismos para dar inicio a un ambicioso programa de infraestructura hídrica. Con una inversión total de 75 millones de dólares, el proyecto apunta a transformar el servicio de agua potable en los dos núcleos urbanos más importantes de la provincia: el Gran Mendoza y la ciudad de San Rafael.
El origen de los fondos y el marco legal
La ejecución de estas obras es posible gracias a un crédito otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Este financiamiento se encuadra dentro de la autorización legislativa que posee la provincia para contraer deuda estratégica destinada a obras de capital.
A través del Decreto Nº 343, el Ejecutivo provincial —con la firma de Cornejo y los ministros Víctor Fayad (Hacienda) y Natalio Mema (Gobierno)— ratificó el convenio de distribución de competencias. Este paso administrativo es fundamental para delimitar las responsabilidades entre las áreas técnicas y financieras.
El programa no solo busca expandir la red actual, sino optimizar los sistemas de producción existentes para mejorar la calidad de vida de miles de mendocinos. Los puntos centrales son:
- Optimización del servicio: Mejora en las plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo.
- Expansión de red: Llegar a zonas con demanda insatisfecha en el Gran Mendoza y el sur provincial.
- Sustentabilidad: Garantizar la eficiencia del recurso hídrico en un contexto de estrés hídrico permanente.
Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los plazos, el Gobierno ha definido un esquema de trabajo dividido en dos grandes áreas:
- Administración y Finanzas: El Ministerio de Hacienda y Finanzas, mediante la Unidad de Financiamiento Internacional (U.F.I.), actuará como el organismo ejecutor y responsable fiduciario del préstamo.
- Ejecución Técnica: La empresa estatal Aguas Mendocinas (Aysam) funcionará como el “Área Sustantiva”, encargada de la dirección técnica, supervisión y cumplimiento de las metas operativas de las obras.
Esta estructura busca asegurar que los fondos multilaterales se apliquen de forma directa a la infraestructura, bajo estrictos controles internacionales de auditoría.
