El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley impulsado por la senadora justicialista Adriana Cano, que establece un marco normativo para la habilitación, funcionamiento y control de las Escuelas de Verano en toda la provincia.

La iniciativa, que contó con aportes de municipios, instituciones deportivas y organismos educativos, busca garantizar entornos seguros, formativos y recreativos para niñas, niños y adolescentes durante el receso escolar.

“Presentamos este proyecto entendiendo la importancia que hoy tienen para las familias mendocinas las llamadas escuelas de verano o colonias de vacaciones. No existía una regulación específica que estableciera requisitos mínimos ni coordinación con los municipios, que son los encargados de habilitar y controlar estos espacios”, explicó la senadora Cano.

La ley declara a las Escuelas de Verano como actividades de interés provincial, de carácter educativo y recreativo, orientadas al desarrollo de habilidades lúdicas, sociales y personales, así como a la promoción del deporte y la vida al aire libre.

Además, establece requisitos de seguridad, personal capacitado, seguros de responsabilidad civil, control médico y protocolos para actividades acuáticas y campamentos.

Cano destacó el proceso de construcción colectiva del proyecto, que “se nutrió del trabajo conjunto con distintos sectores del deporte, la educación y los municipios, lo que permitió incorporar sugerencias valiosas y adaptar la normativa a la realidad de toda la provincia”.

“Este proyecto busca proteger el derecho de los niños y niñas a desarrollarse en ámbitos seguros, de confianza y con controles. Detrás de esta ley hay familias que han atravesado tragedias en contextos de escuelas de verano. Mi abrazo más sentido, y por ellas fue nuestro compromiso de trabajo”.

La ley determina la obligatoriedad de inscribirse en un registro provincial donde instituciones que funcionen como Escuelas de Verano, fija la cantidad mínima de profesores y auxiliares por grupo de niños, regula los requisitos para el uso de piletas y exige planes de contingencia y capacitación en reanimación cardiopulmonar. También dispone la obligatoriedad de la inclusión de niños con discapacidad, con acompañamiento y adecuaciones necesarias.

“Es una norma perfectible, pero representa un gran paso en materia de regulación y seguridad infantil”, concluyó Cano. “Le da marco legal a una actividad que creció enormemente en Mendoza y que ahora tendrá estándares claros de calidad y control”