Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria, entre ellos el mendocino Martín Aveiro, presentó en el Congreso un pedido de informes para que el Gobierno nacional aclare supuestas filtraciones de información sensible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) antes de su difusión oficial.

La iniciativa busca que el Poder Ejecutivo detalle qué medidas se tomaron desde diciembre de 2023 para resguardar la confidencialidad de los datos estadísticos, especialmente aquellos vinculados a indicadores económicos clave.

El planteo apunta al cumplimiento del artículo 13 de la Ley 17.622, que establece el principio de secreto estadístico y prohíbe divulgar información preliminar o privilegiada antes de su publicación oficial.

Uno de los episodios mencionados por los legisladores ocurrió el 3 de febrero, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió en la red social X a un comentario del periodista Eduardo Feinmann. En ese intercambio, el funcionario hizo referencia a datos vinculados al índice de inflación que, según los diputados, podrían haber anticipado resultados del Índice de Precios al Consumidor.

Una semana después, el 10 de febrero, el INDEC informó oficialmente que la inflación de enero de 2026 fue del 2,9%.

El proyecto también menciona declaraciones del empresario Antonio Aracre, quien publicó en la misma red social un mensaje previo a la difusión del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de diciembre. En ese posteo escribió: “la sorpresa que se van a llevar unos cuantos hoy con el EMAE de diciembre… Mal día para ser opositor hoy”, lo que generó cuestionamientos sobre el acceso anticipado a información oficial.

En los fundamentos del pedido de informes, los diputados sostienen que la reiteración de adelantos o comentarios sobre indicadores económicos antes de su publicación podría comprometer el principio de reserva que rige al sistema estadístico nacional.

Además, recordaron que el secreto estadístico protege distintos tipos de información, como datos individuales recolectados en relevamientos, estimaciones preliminares, metodologías de cálculo y resultados parciales que todavía no fueron validados institucionalmente.

“La finalidad de esta protección es evitar el uso político, económico o mediático de la información antes de su difusión oficial”, argumentaron en el proyecto, y advirtieron que una eventual revelación indebida podría afectar la credibilidad del sistema estadístico del país.

La iniciativa lleva la firma de varios integrantes del bloque opositor, entre ellos Cecilia Moreau, Germán Martínez, Agustín Rossi, Diego Giuliano y Hugo Yasky, entre otros legisladores.