La polémica por los pozos de agua en Mendoza escaló al plano político y judicial. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti pidió a su espacio impulsar un Jury de Enjuiciamiento contra el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, por autorizar perforaciones en un acuífero que la propia entidad había limitado anteriormente.

La controversia surge por la habilitación de nueve nuevos pozos en una zona previamente restringida por el organismo hídrico provincial. Según Marinelli, la resolución no fue arbitraria, sino producto de una exigencia judicial: “La Suprema Corte de Justicia ordenó que nos expidiéramos sobre presentaciones hechas por privados en 2019”, explicó en diálogo con Diario UNO.

El funcionario señaló que se realizaron estudios técnicos junto a especialistas del INA (Instituto Nacional del Agua) y del IHLLA (Instituto de Hidrología de Llanuras), y que tras verificar el volumen disponible, se procedió al reparto. “No hubo privilegios”, remarcó Marinelli, rechazando la acusación de favorecer intereses particulares.

En respuesta directa al pedido de remoción presentado por Fernández Sagasti, Marinelli disparó: “No tienen más fundamentos que lo que han leído en los diarios”. Visiblemente molesto, el titular de Irrigación fue más allá: “Me indigna desde lo personal, pero lo entiendo desde lo político: como todos los días tienen un preso nuevo, necesitan a alguien del oficialismo para cuestionar la moralidad del gobierno”.

Frente al avance del pedido, Marinelli se mostró confiado en que la iniciativa no prosperará: “El proceso nunca fue objetado, y eso es lo que realmente importa. Acá no se trata de a quién se le da agua, sino de cumplir con los pasos institucionales”, concluyó.

El conflicto pone en juego no solo la gestión del recurso hídrico, sino también el enfrentamiento político entre el oficialismo provincial y el kirchnerismo mendocino. Mientras desde el PJ acusan falta de transparencia, Marinelli responde que todo fue conforme a derecho y respaldado por dictámenes técnicos.