La Cámara de Diputados de Mendoza envió nuevamente al Senado el proyecto que crea el Programa de Entrenamiento Laboral Certificado Estudiantil, denominado Enlace Estudiantil, una iniciativa que busca vincular a estudiantes secundarios con empresas e instituciones para que puedan adquirir experiencia laboral antes de terminar sus estudios.

El programa contempla prácticas de hasta tres meses, con una carga de ocho horas semanales, bajo supervisión de la escuela y de la institución donde se realice el entrenamiento. También establece estímulos económicos para estudiantes y empresas y crea un registro de firmas participantes.

Aunque la iniciativa contó con respaldo transversal, el debate estuvo lejos de ser uniforme. Desde Fuerza Patria, Lucas Ilardo anticipó el acompañamiento, pero reclamó controles más estrictos y cuestionó que el proyecto deje aspectos importantes para la reglamentación. Entre ellos mencionó la selección de las empresas, los aportes, la cantidad de participantes y los montos y periodicidad de los estímulos para estudiantes y docentes.

La diputada Verónica Valverde (PJ) también acompañó, aunque planteó reparos sobre el enfoque de la iniciativa. Comparó el programa con políticas implementadas en los años 90 y puso el acento en otro problema: cuántos jóvenes mendocinos permanecen fuera de la escuela. Para el PJ, la discusión sobre empleabilidad debe contemplar también esa realidad y el impacto presupuestario de la política.

Desde el PRO, Stella Huczak consideró que el programa puede facilitar el primer contacto de los adolescentes con el mundo laboral y valoró la creación de un marco normativo para las prácticas.

La Unión Mendocina también respaldó la iniciativa. Rolando Scanio destacó especialmente su utilidad para las escuelas técnicas, aunque pidió definir mejor los mecanismos de control, seguimiento pedagógico, carga horaria y traslados.

El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para combatir las dificultades de los jóvenes para conseguir su primer empleo y remarcó que las prácticas tienen carácter formativo y no buscan reemplazar puestos laborales formales.

Ahora será el Senado el que deberá definir el próximo paso de una propuesta que, pese al consenso general sobre su objetivo, todavía tiene varios aspectos de implementación en discusión.