El Gobierno provincial, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), mejoró las condiciones de una línea de crédito destinada a productores que quieran invertir en la instalación de malla antigranizo para proteger sus cultivos.

La herramienta está dirigida a micro, pequeñas y medianas explotaciones de los sectores vitivinícola, frutícola y hortícola, y busca facilitar una inversión que puede resultar determinante en zonas expuestas a las tormentas de granizo.

El gobernador Alfredo Cornejo destacó la medida a través de sus redes sociales y sostuvo que “la malla antigranizo permite reducir el impacto de las contingencias climáticas y proteger el volumen y la calidad de la producción”.

La línea permite financiar hasta el 80% de la inversión, con créditos que van desde $4 millones hasta $500 millones, plazos de hasta 60 meses y hasta 12 meses de gracia. Para los primeros dos años se estableció una tasa fija del 21% nominal anual, mientras que desde el tercer año será variable, equivalente a TAMAR más dos puntos porcentuales.

Según explicó Cornejo, el financiamiento se suma a otras herramientas que la provincia utiliza para reducir el impacto de las contingencias climáticas. Entre ellas mencionó el Seguro Agrícola y las líneas de financiamiento provinciales.

La protección contra el granizo cobra especial relevancia para Mendoza, donde una tormenta puede afectar en pocos minutos una temporada completa de producción. La colocación de malla implica además una inversión importante para los productores, ya que no sólo contempla la compra del material, sino también la estructura y la mano de obra necesaria para su instalación.

“Es una herramienta que complementa otras políticas de protección al agro”, señaló el Gobernador.

El esquema forma parte de las alternativas de financiamiento del CFI vinculadas a la adaptación y mitigación de riesgos climáticos. Entre las inversiones consideradas por el organismo también aparecen sistemas de riego y otras obras destinadas a mejorar la gestión de los recursos naturales.

Así, la estrategia oficial combina financiamiento para prevenir el daño con mecanismos de cobertura cuando la contingencia finalmente ocurre, buscando reducir el impacto económico sobre la producción agrícola.