La Justicia de Mendoza confirmó este lunes el procesamiento con prisión preventiva de Sandra Jaquelina “la Yaqui” Vargas y de su hijo Mauro Jesús Gélvez Vargas en una causa que los investiga por liderar una estructura dedicada al narcotráfico en la provincia. Ante esto, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó la decisión judicial y la calificó como “un avance en la lucha contra el narcotráfico en Mendoza“.
La medida fue adoptada por la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza, que rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmó la resolución dictada por el Juzgado Federal Nº1 de Mendoza.
A través de un posteo en su cuenta en “X”, Rus señaló que el fallo representa “un avance significativo” en el proceso de desarticulación de organizaciones vinculadas a la venta de drogas y sostuvo que la resolución es el resultado de “meses de investigación y un megaoperativo conjunto con la Justicia Federal que permitió desarticular parte de su estructura criminal y frenar los beneficios de ejecución de pena que estaba obteniendo“.
De este modo, con esta decisión judicial, la Yaqui continuará procesada como autora de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de guerra sin autorización. Por su parte, su hijo quedó imputado como coautor del mismo delito agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, además de la tenencia ilegal de un arma.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, la causa apunta a que la Yaqui Vargas habría actuado como organizadora y financista de una red narco que operaba al menos desde mayo de 2024.
De acuerdo con el fallo, la estructura estaba integrada por familiares directos y personas de su círculo cercano que cumplían distintas funciones vinculadas con el abastecimiento, almacenamiento, fraccionamiento y venta de estupefacientes, así como con la recaudación del dinero proveniente de esa actividad.
Para llegar a esta resolución, la Justicia evaluó distintos elementos probatorios incorporados durante la investigación, entre ellos intervenciones telefónicas, testimonios, informes financieros y resultados de allanamientos. Incluso, en varias de las conversaciones interceptadas, distintos miembros de la estructura hablaban sobre recaudación de dinero, distribución de drogas y coordinación de movimientos, mencionando incluso a la imputada por su apodo o como “la doña”.
Cabe destacar que también se tuvo en cuenta el testimonio de un chofer que trasladaba a la jefa narco desde el penal hasta su domicilio durante sus salidas transitorias, quien detalló la frecuencia de esos traslados y los días en que se realizaban.
Entre la montaña de pruebas que componen el expediente, se evaluaron informes financieros que detectaron transferencias de dinero a cuentas y billeteras virtuales a nombre de la imputada, pese a que se encontraba privada de libertad y sin actividad laboral registrada que justificara esos ingresos.
Otra parte relevante de la evidencia surgió de allanamientos realizados en mayo y junio de 2025, principalmente en domicilios del barrio La Esperanza, en Godoy Cruz. Durante esos procedimientos se secuestraron envoltorios con cocaína, cigarrillos artesanales de marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares, además de otros elementos vinculados al fraccionamiento y la venta de estupefacientes.
En uno de los registros también se halló una pistola calibre 9 milímetros con municiones en el domicilio donde se encontraba Mauro Gélvez Vargas, lo que reforzó la imputación por tenencia de arma de guerra. Las escuchas incorporadas al expediente también mencionaban que el joven cumplía funciones de custodia armada dentro de la estructura.
Con todas estas pruebas, la Cámara ratificó también la prisión preventiva de los dos imputados, ya que consideró que existen riesgos procesales vinculados con la gravedad de los delitos investigados. Además, los magistrados señalaron que la mujer ya se encontraba cumpliendo una condena de 15 años por narcotráfico y que al momento de los allanamientos gozaba de salidas transitorias, lo que incrementa el riesgo de fuga ante la posibilidad de una eventual unificación de penas.
El origen de la causa
La investigación que derivó en el procesamiento se intensificó en junio pasado, cuando las fuerzas de seguridad realizaron un megaoperativo con más de 120 efectivos y 28 allanamientos en distintos puntos del Gran Mendoza.
Los procedimientos estuvieron orientados a desarticular la red narco que, según la hipótesis fiscal, seguía operando bajo el liderazgo de la Yaqui Vargas pese a su situación de detención.
