La Legislatura avanzó con la cuarta etapa de la denominada Ley Hojarasca, el proceso iniciado para revisar y eliminar normas que quedaron obsoletas, fueron reemplazadas por otras disposiciones o perdieron su aplicación con el paso del tiempo. En este nuevo tramo que entró al Senado se propone analizar 137 normas sancionadas durante los años ’90.

La revisión ingresa ahora en un período mucho más cercano a la legislación vigente. Por eso, el trabajo técnico apunta no sólo a detectar leyes en desuso, sino también a comprobar si fueron reemplazadas parcialmente, si tienen artículos que todavía producen efectos o si su derogación podría generar algún vacío legal.

El antecedente más inmediato es la tercera etapa, correspondiente al período 1976-1990. Allí se analizaron 303 leyes y se propuso derogar más de 40%, en un proceso que incorporó modificaciones durante el tratamiento legislativo. Algunas normas fueron finalmente conservadas y también se detectó un caso en el que una ley había sido eliminada por error y debió ser restituida.

Ese antecedente explica parte de la atención puesta sobre esta nueva etapa. A medida que la revisión se acerca a la actualidad, aumenta la cantidad de leyes sancionadas por año y resulta más difícil determinar si una norma perdió efectivamente su vigencia práctica. Ese fue uno de los principales argumentos señalados por responsables del proceso legislativo.

La denominada Ley Hojarasca comenzó con las leyes sancionadas entre 1896 y 1950. En esa primera etapa se analizaron 102 normas y se derogaron 75. La segunda alcanzó el período 1951-1975 y permitió eliminar 91 leyes. La tercera, correspondiente a 1976-1990, llevó el universo analizado a más de 570 normas.

El objetivo declarado es reducir la sobrelegislación y facilitar la consulta del marco jurídico provincial. Pero el avance de esta cuarta etapa tendrá una particularidad: ya no se trata solamente de revisar normas históricas, sino de determinar qué parte de la legislación de los años 90 todavía tiene peso en la vida administrativa y jurídica de Mendoza.

El proyecto deberá ahora atravesar las distintas instancias legislativas antes de definir cuáles de esas 137 normas serán finalmente derogadas y cuáles permanecerán vigentes.