Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación acordó postergar el dictamen de la reforma a la Ley de Glaciares y convocar a audiencias públicas los días 25 y 26 de marzo, tras un reclamo de bloques opositores que cuestionaban un eventual tratamiento exprés del proyecto. Cabe recordar que durante las sesiones extraordinarias el Senado había dado media sanción a la iniciativa.
Durante la mañana de este miércoles, dio inicio el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Allí, el oficialismo aceptó extender el cronograma y fijó como nueva fecha tentativa para la firma del dictamen los días 7 y 8 de abril, después de Semana Santa. Con esta nueva hoja de ruta, el tratamiento en el recinto se demorará más de lo previsto por el Ejecutivo, que planeaba aprobar el proyecto a fines de febrero.
De acuerdo a lo informado por el diputado Nicolás Mayoraz (LLA), quien es presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, a pedido de un sector de la oposición la audiencia será pública, abierta e inclusiva.
En ese sentido, detalló que la audiencia se desarrollará el 25 de marzo en modalidad presencial y el 26 de manera remota, con el argumento de “garantizar el federalismo y evitar traslados”. El horario previsto será de 10 a 19, con posibilidad de extensión, y los expositores contarán en principio con cinco minutos, además de la opción de presentar ponencias por escrito. La convocatoria será transmitida por los canales oficiales de la Cámara.
Entre la celebración y la suspicacia
Ante este nuevo escenario, algunos sectores de la oposición celebraron la noticia, mientras que otros son cautos. En el primer grupo se encuentra el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien en sus redes sociales expresó: “Lo logramos, habrá audiencia pública”, y sostuvo que se trata de una aplicación concreta del Acuerdo de Escazú y del artículo 41 de la Constitución Nacional. Además, reclamó una participación federal con intervención de provincias, comunidad científica y sectores productivos, al advertir que están en juego “reservas estratégicas de agua”. En la misma línea, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva pidió que la instancia sea “transparente y federal”, en función de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas involucradas.
Sin embargo, desde el peronismo son más cautos y se cuestionan sobre los motivos por los cuales el oficialismo accedió al pedido de demorar el debate. En ese sentido, el PJ es suspicaz al referirse a los motivos de este retraso parlamentario y apuntan a una disputa de poder entre el Gobierno nacional y los gobernadores: “La Casa Rosada ya tiene los votos para aprobar la ley, pero no se la quiere entregar tan fácil y rápido a los gobernadores. Se la está cobrando ‘en cuotas’. Por eso la posterga adrede, para tenerlos amarrados”, señalaron fuentes opositoras.
Cabe recordar que los principales impulsores de la reforma de la Ley de Glaciares son los mandatarios de las provincias cordilleranas -entre los que se encuentra el mendocino Alfredo Cornejo-. El principal objetivo de los gobernadores es tener mayor autoridad para delimitar áreas glaciares y periglaciares y eventualmente habilitar proyectos mineros. Ahora, con la postergación del debate deberán esperar al menos un mes para que el proyecto llegue al recinto, en un escenario donde oficialismo y oposición reconocen que la discusión podría derivar en planteos judiciales.
