El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (CoFeCI) ha emitido un comunicado en el que manifiestan su posición sobre la controvertida Ley N° 27.551, la cual ha resultado en desventajas significativas tanto para inquilinos como para propietarios, además de impactar a los Corredores Inmobiliarios en todo el país que forman parte de CoFeCI. En el comunicado, el Consejo enfatiza la importancia de abordar los problemas de manera efectiva y advierte sobre las posibles consecuencias negativas de persistir en un enfoque obstinado.

El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza (CCPIM), una entidad perteneciente a CoFeCI, recalca su función como intermediarios para lograr la satisfacción de las necesidades de ambas partes involucradas en los contratos de alquiler. Destacan la paradoja de que los entes creados por los estados provinciales para regular el sector inmobiliario no sean convocados por el mismo Estado cuando se trata de modificar la normativa, a pesar de su expertise en la materia.

La comunidad inmobiliaria resalta que la ley actual, aprobada por unanimidad, ha generado una crisis en el mercado y subraya la necesidad de considerar sus sugerencias para enmendarla. Proponen reinstaurar el plazo máximo de 24 meses para los contratos de alquiler y permitir acuerdos flexibles entre las partes en términos de precios y ajustes. En particular, enfatizan que las condiciones en el sector comercial han funcionado mejor al no estar reguladas por esta ley, permitiendo a las partes negociar con libertad.

La institución, que representa a más de 40,000 profesionales inmobiliarios en todo el país, busca ser parte activa en el diálogo sobre la modificación de la Ley de Alquileres N° 27.551. Reiteran su compromiso de trabajar junto a los legisladores nacionales para encontrar soluciones que beneficien a la ciudadanía en general y que redirijan el curso de los acontecimientos actuales.

En el centro de su propuesta se encuentran dos artículos específicos que desean modificar: la duración de los contratos y el ajuste del valor del alquiler en relación a la inflación. Su objetivo es generar un equilibrio que beneficie tanto a los propietarios como a los inquilinos en un tema crucial para la sociedad.