Este miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a un proyecto que propone modificar la Ley 8.465 de Ejecución Penal para revisar y endurecer los criterios para el otorgamiento de beneficios penitenciarios, como las salidas transitorias, la semilibertad, la libertad condicional y la libertad asistida.

El texto aprobado por la Cámara incorpora nuevos mecanismos de evaluación y control sobre las personas privadas de libertad, reforzando la obligación de los jueces de fundamentar sus decisiones.

La iniciativa fue presentada por el diputado Edgardo Civit Evans, del Partido de los Jubilados Auténticos (PJA), quien expresó que es “imperante modificar la ley” porque “se cometen una numerosa cantidad de delitos por personas que obtuvieron el beneficio de salidas del sistema penitenciario provincial“.

La reforma establece que cada autorización de salida o beneficio anticipado esté respaldada por informes criminológicos exhaustivos y supervisión judicial efectiva, a fin de “garantizar un sistema de ejecución penal más seguro, transparente y responsable“. De esta manera, los jueces solo podrán apartarse de los dictámenes negativos de los organismos técnicos “mediante resolución fundada en motivos técnicos y jurídicos suficientes“.

Cabe destacar que, además, se establecerá un plazo de validez de doce meses para los informes técnicos y resoluciones que acompañen los pedidos de salidas o libertades asistidas, con la obligación de actualizarlos periódicamente.

Durante el debate, Civit Evans subrayó que el objetivo es alinear los criterios judiciales y reforzar la valoración de los informes técnicos emitidos por psicólogos, psiquiatras y equipos criminológicos. “El juez, que es perito de peritos, debe tener en cuenta la opinión de los psicólogos, de los psiquiatras, de todos aquellos que tienen que ver con la reinserción del condenado. Pero también hay que tener muy en cuenta, no solamente a las víctimas, sino a los familiares de las víctimas“, planteó.

“Un condenado que sale en libertad y mata, y que al poco tiempo hace uso del llamado juicio abreviado y vuelve a matar… en esos casos no hablamos de reinserción, sino de reincidencia en la comisión de delitos realmente graves“, advirtió el diputado al recordar hechos ocurridos en Mendoza.

“Este proyecto tiende a alinear las disímiles opiniones que existen dentro de la Justicia y obliga al juez a fundamentar debidamente la opinión favorable o desfavorable en cada uno de los casos“, concluyó Civit.

Con la media sanción en Diputados, la propuesta pasará ahora al Senado provincial, donde se definirá su sanción definitiva.