La emergencia sanitaria prorrogada por la Nación a fines de 2022 es una de las justificaciones para extender la utilización de teléfonos en el Sistema Penitenciario provincial. Detalles y argumentos a favor y en contra de su uso por parte de los detenidos.
Los internos de las cárceles mendocinas podrán seguir utilizando sus más de 3.000 teléfonos celulares al menos hasta fines de 2023. Sin embargo, ya se barajan distintos escenarios para fortalecer los controles; y no faltan los funcionarios que se expresan en contra de la prórroga.
El dato de la cantidad de dispositivos es una estimación general que hizo, en base a la lectura de documentos oficiales, el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento.
Más de 3.000 celulares. Y se calcula que la población carcelaria de la provincia es de aproximadamente 5.000 reclusos: usan los dispositivos para contactarse con sus familias, entretenerse y, en ocasiones, también para delinquir.
El 29 de diciembre pasado, el gobierno nacional publicó el decreto 863, que amplía hasta el final de 2023 «la emergencia pública en materia sanitaria» por la pandemia de covid. Esa situación fue la que en su momento permitió la flexibilización en el uso de celulares en la cárcel.
¿Cómo les sacas tres mil celulares?
La violencia en Rosario, con narcos acusados de organizar crímenes desde sus celdas, revistió a la puja por el acceso a los celulares con un barniz político especial.
Este miércoles, se conoció un proyecto de ley -promovido por el diputado nacional Álvaro Martínez (PRO)- que pretende modificar el Código Penal para castigar con entre 1 y 3 años de prisión efectiva a quienes «introduzcan o hagan introducir» teléfonos en las cárceles o lugares de reclusión.
Sumado a eso, el proyecto de Martínez propone penar el uso de los dispositivos en contextos de encierro. La propuesta prevé que los detenidos que tengan celulares sean sancionados con penas de entre 2 y 5 años.
Pero incluso suponiendo que se intente aplicar la normativa más dura imaginable: ¿Cómo se hace para quitarles sus más de 3.000 celulares a los internos que ya los tienen? ¿Qué consecuencias generaría eso en el ambiente carcelario de Mendoza?
Quienes defienden la utilización de celulares aducen que no se han mostrado estadísticas fidedignas que demuestren que el «blanqueo» de los teléfonos en los penales genere un aumento del delito. Por el contrario, afirman que cuando la práctica se prohíbe los comportamientos se vuelven más «opacos» y se dificulta su monitoreo.
Fuente: Diario UNO
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