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La UNCuyo se sumará a la marcha universitaria

La casa de estudios confirmó su adhesión a la movilización del 12 de mayo en defensa del financiamiento educativo. El reclamo se da en medio del conflicto con la administración de Javier Milei.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) confirmó que se sumará a la Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional, convocada para el próximo 12 de mayo en todo el país. La decisión se enmarca en el creciente conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

La adhesión fue comunicada oficialmente este miércoles por la casa de estudios, a días del cierre de listas de cara a las elecciones de rector.

La UNCUuyo confirmó que participará como integrante del Consejo Interuniversitario Nacional, uno de los principales impulsores de la protesta junto a organizaciones estudiantiles y gremiales.

Un reclamo por el financiamiento universitario

La movilización tendrá como eje central exigir al Ejecutivo nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto marcado por tensiones presupuestarias y reclamos salariales dentro del sistema educativo superior.

Desde la UNCuyo adelantaron que se conformará una comisión especial para organizar la participación local, con la intervención de sindicatos, estudiantes, autoridades académicas y representantes de los distintos claustros.

El conflicto no es nuevo: el sector universitario viene sosteniendo distintas medidas de visibilización desde 2024, en medio de denuncias por pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y recortes en el funcionamiento de las instituciones.

Una protesta con alcance nacional

La Marcha Federal se realizará de manera simultánea en distintos puntos del país y buscará replicar la masividad de convocatorias anteriores en defensa de la educación pública.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada sostienen que la actual ley de financiamiento no es viable en términos presupuestarios y avanzaron con presentaciones judiciales para frenar su aplicación, lo que profundiza el conflicto con las universidades.

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