La decisión del Ministerio de Defensa de prohibir el lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas ha generado controversia tanto dentro como fuera del ámbito militar. La resolución, firmada por el ministro Luis Petri, establece que el uso de términos como “generala”, “sargenta”, “soldada” o “caba” será sancionado, aunque no especifica el tipo de castigo que se aplicaría en caso de incumplimiento.

La medida se sustenta en normativas constitucionales y legales, argumentando que el lenguaje inclusivo no está contemplado en documentos oficiales como la Constitución Nacional o la Ley de Defensa Nacional. Sin embargo, ha generado críticas por parte de sectores que defienden la igualdad de género y la diversidad lingüística.

Desde el Ministerio de Defensa se ha anunciado la implementación de una campaña de difusión para informar sobre el cambio en el uso del lenguaje, asegurando que el personal será capacitado para ajustarse al nuevo código lingüístico. Esta medida no ha sorprendido a la cúpula militar, ya que se había anticipado como una de las primeras decisiones de la nueva gestión ministerial.

La prohibición del lenguaje inclusivo se enmarca en un plan de reordenamiento de las Fuerzas Armadas impulsado por el Ministerio de Defensa. Según fuentes de la cartera, esta medida busca reforzar la disciplina y promover un vocabulario militar uniforme y coherente en todas las instancias de las fuerzas militares.

Desde la asunción de Luis Petri como ministro de Defensa, se han anunciado una serie de modificaciones estructurales en el interior de las Fuerzas Armadas, incluyendo cambios en los cargos jerárquicos y un recambio generacional en el Estado Mayor Conjunto y las tres fuerzas militares principales.