Mendoza atraviesa una verdadera crisis en seguridad vial: más de la mitad de las personas fallecidas en accidentes de tránsito este año eran menores de 35 años, según datos oficiales del primer semestre de 2025. De los 95 muertos registrados entre enero y junio, 52 pertenecían a los grupos etarios de 15 a 24 y de 25 a 34 años, una franja joven y productiva, golpeada por la imprudencia, la falta de controles y la ausencia de políticas sostenidas de prevención.

El desglose mensual deja en evidencia que la tragedia es constante y no estacional: 14 muertes en enero, 20 en febrero, 13 en marzo, 15 en abril, 18 en mayo y 15 en junio. San Rafael lidera el ranking de fatalidades con 13 víctimas, seguido por San Martín (11) y Maipú (10). En tanto, Guaymallén y Godoy Cruz reportan 9 fallecidos cada uno, y la Alta Montaña suma 8 muertes, reflejando que la problemática está extendida en toda la provincia.

En cuanto a los lugares donde ocurren los siniestros, 51 muertes sucedieron en rutas y 44 en zonas urbanas, mientras que el horario nocturno concentra la mayor cantidad de víctimas, con 52 fallecimientos frente a 43 durante el día. El dato refuerza la necesidad de mejorar la iluminación, los controles y la señalización fuera del horario laboral.

Entre los tipos de usuarios de la vía, automovilistas y motociclistas comparten el triste liderazgo con 38 muertes cada uno. Los peatones fueron 11, y el resto corresponde a ciclistas, choferes de ómnibus y camioneros. Los hombres representan el 83% de las víctimas fatales, con 79 casos, frente a 16 mujeres.

El impacto en las juventudes es el dato más alarmante del informe. No solo por la edad, sino por lo que representa: vidas que estaban en plena etapa de desarrollo, muchas veces truncadas por maniobras temerarias, exceso de velocidad o consumo de alcohol. A esto se suman 9 víctimas de entre 0 y 14 años, y un número considerable de mayores de 35, lo que marca la urgencia de campañas de concientización transversales, sin excepciones por edad ni zona.

La situación exige una respuesta firme del Estado, controles más uniformes entre los departamentos y una inversión real en infraestructura vial y educación ciudadana. La seguridad en las calles no puede seguir siendo una deuda con los mendocinos.