En plena antesala de las elecciones legislativas de medio término y bajo un escenario de fuerte ajuste fiscal, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se consolidaron en 2025 como una de las principales herramientas de negociación política del gobierno de Javier Milei. Lejos de responder a criterios estrictamente técnicos o demográficos, su distribución evidenció un patrón marcado por la discrecionalidad y el toma y daca con los gobernadores.

Según un informe de ElEditorMendoza, durante 2025 el Gobierno nacional distribuyó 199.500 millones de pesos en concepto de ATN. Si bien la cifra representa una caída del 64,5% en términos reales respecto de 2023, implica un incremento del 182% frente a 2024, lo que expone un uso más intensivo de esta caja política por parte de la administración libertaria.

El caso de Mendoza resulta paradigmático. A pesar de su alineamiento político con La Libertad Avanza, la gestión de Alfredo Cornejo recibió apenas 3.000 millones de pesos, el 2% del total nacional, pese a concentrar más del 4% de la población del país. De este modo, quedó ubicada en el último escalón del reparto, compartiendo esa posición con Corrientes.

En el extremo opuesto aparece Tucumán. Gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo, la provincia fue la gran beneficiada del esquema: recibió 35.000 millones de pesos en 2025 y acumuló 41.500 millones desde el inicio de la gestión Milei. Tal como detalla el informe, Jaldo integra el grupo de mandatarios que negocian su apoyo en el Congreso proyecto por proyecto, una estrategia que se tradujo en una mayor capacidad para captar recursos.

El reparto extraordinario de diciembre profundizó estas diferencias. En apenas dos semanas, el Ejecutivo giró 66.500 millones de pesos —un tercio del total anual— concentrados en seis provincias consideradas claves para la gobernabilidad. Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta absorbieron la totalidad de esos fondos, todas jurisdicciones cuyos gobernadores jugaron un rol determinante en votaciones sensibles para el oficialismo.

El informe también muestra que provincias con menor peso poblacional y económico que Mendoza, como Catamarca o Chaco, lograron transferencias significativamente mayores. La lógica que se desprende del análisis es clara: los gobernadores que garantizan apoyo automático pierden poder de negociación, mientras que aquellos que condicionan su acompañamiento obtienen beneficios concretos.

El uso de los ATN como herramienta política no es una novedad, pero en 2025 alcanzó una visibilidad inédita. El veto presidencial a la ley que buscaba convertirlos en transferencias automáticas dejó en evidencia la decisión de preservar la discrecionalidad. En un Congreso fragmentado y en un año electoral clave, la caja se convirtió en el principal instrumento para sostener la gobernabilidad.

Los datos recopilados por ElEditorMendoza revelan, en definitiva, un reparto desigual que refleja el mapa real de alianzas y tensiones entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales. En la Argentina de Javier Milei, la ecuación parece invertirse: la lealtad se paga poco y la capacidad de presión, mucho.