El Gobierno oficializó este viernes la adjudicación de la Ruta Nacional 143. Se trata de la esperada refuncionalización del tramo que une Pareditas con San Rafael, una obra estratégica para el turismo y la producción que demandará una inversión total superior a los $62.800 millones.

A través del Decreto 219, el Ejecutivo puso sello final a un proceso licitatorio que dividió los trabajos en tres frentes simultáneos para agilizar los tiempos de ejecución.

La obra no solo contempla la mejora de la calzada básica, sino que incluye un presupuesto de $10.451 millones destinados a variaciones de precios, previendo el contexto inflacionario durante el tiempo que duren las tareas.

La ejecución quedó repartida entre tres actores importantes del sector de la construcción:

• Sección 1 (Calle Rawson – Rotonda del Cristo): Adjudicada a la UTE Black Shadow S.A. – Constructora Horizonte S.A. por $8.300 millones. Tendrá el plazo más extenso: 540 días.
• Sección 2: Quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con un presupuesto de $22.285 millones y un plazo de un año.
• Sección 3: Será ejecutada por CEOSA (Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.) por $21.818 millones, también con un plazo de 365 días.

La selección de las empresas no fue puramente matemática. El Gobierno aplicó el filtro del “doble promedio” para evitar ofertas temerarias (demasiado bajas) que pusieran en riesgo la obra.

Un dato determinante para la Sección 1 fue la ventaja logística de la unión Black Shadow–Horizonte: la comisión evaluadora destacó que son los únicos con planta asfáltica propia en San Rafael, lo que garantiza un ahorro operativo cercano a los $200 millones y mayor eficiencia en los trabajos locales.

El flujo de fondos para este megaproyecto está garantizado de forma plurianual, distribuyéndose entre los presupuestos de 2025, 2026 y 2027.

Aunque la adjudicación ya es oficial, las empresas que participaron del proceso y no resultaron ganadoras tienen ahora un plazo de 15 días hábiles para presentar cualquier impugnación administrativa, según lo marca la Ley 9003. De no mediar inconvenientes legales, las máquinas deberían empezar a trabajar en el corto plazo, transformando uno de los corredores más transitados del sur mendocino.