La muerte de Pablo Rivero Ríos, jefe de la Alcaidía del Valle de Uco, no puede archivarse como una simple “fatalidad administrativa”. Ocurrió en el marco de la fuga de dos internos, en medio de un operativo de emergencia, y terminó con un funcionario penitenciario desplomado en cumplimiento del deber y fallecido minutos después en el Hospital Scaravelli. Pero lo que duele no es solo la pérdida: es todo lo que su muerte deja al descubierto.

Rivero Ríos no era un improvisado. Tenía años de servicio y era respetado por sus pares. Sin embargo, el sistema al que dedicó su vida no pudo —o no quiso— garantizar algo elemental: respaldo institucional para su familia. Que sus compañeros tengan que organizar una colecta para cubrir los gastos de traslado y sepelio es una escena que habla por sí sola. Es la imagen más cruda de un Estado que exige vocación y disciplina, pero responde con indiferencia cuando uno de los suyos cae.

El trasfondo es aún más inquietante. Puertas adentro del Servicio Penitenciario se repiten denuncias sobre descuentos salariales severos ante licencias médicas, precariedad en insumos básicos y una lógica disciplinaria que castiga la disidencia con traslados punitivos. En ese contexto, muchos agentes trabajan enfermos o sin recuperación adecuada, por miedo a no poder sostener a sus familias. Se trata de una ecuación perversa: alto riesgo, baja protección.

La fuga que desató el operativo también exhibe falencias estructurales. La Alcaidía de Tunuyán funciona en un edificio atravesado por obras de infraestructura. Las vulnerabilidades edilicias habrían sido el punto de partida para que dos internos escaparan a plena luz del día, en una zona céntrica del departamento. Si las prioridades políticas están puestas en la obra y la licitación, la seguridad operativa no puede quedar relegada a un segundo plano. Cuando eso ocurre, el costo lo pagan los agentes y la sociedad.

Hay además una contradicción que indigna a puertas cerradas: mientras se destinan recursos a traslados presenciales de internos para audiencias que podrían resolverse por videoconferencia, el sistema no garantiza cobertura suficiente para quien muere en servicio. El equilibrio entre derechos de los detenidos y derechos laborales del personal no debería ser un juego de suma cero. Pero hoy lo parece.

El silencio oficial frente a estas denuncias no ayuda. La autopsia dirá si hubo o no enfrentamiento directo con los fugados, pero más allá de ese dato puntual, la discusión de fondo es otra: ¿en qué condiciones están trabajando quienes custodian las cárceles mendocinas? ¿Qué respaldo real reciben? ¿Quién controla el uso de los recursos y la planificación de infraestructura en contextos sensibles?

La muerte de Pablo Rivero Ríos no es solo una tragedia individual. Es el síntoma de un sistema tensionado, donde el desgaste físico y emocional se naturaliza y donde el reclamo interno suele ser respondido con sanciones antes que con soluciones.

La fuerza hoy llora a un servidor público. Pero el duelo debería transformarse en algo más que homenajes y condolencias. Debería ser el punto de partida para revisar un esquema que parece exigir heroísmo cotidiano sin ofrecer garantías mínimas. Porque cuando el Estado no cuida a quienes lo sostienen, la seguridad pública deja de ser una política y se convierte en una apuesta frágil sostenida por la voluntad —y el bolsillo— de los propios trabajadores.