El oficialismo logró hoy emitir dictamen de mayoría al proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, llamada ley ómnibus; y la iniciativa quedó lista para votarse en el recinto. Se tratará junto con el paquete fiscal: Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.

Este jueves, la presidencia de la Cámara de Diputados confirmó la citación a sesión especial para el próximo lunes a las 11, y se espera que el debate continúe durante el martes completo y el miércoles a la madrugada.

En el plenario de las comisiones de  Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales, La Libertad Avanza cosechó 61 firmas, entre los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal y un sector mayoritario de la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF). 

Los últimos tres firmaron con disidencias y buscarán aplicar cambios en el recinto, como por ejemplo la reposición del impuesto al tabaco.

Para reunir la mayoría, el oficialismo debió hacer nuevas concesiones a la oposición dialoguista, como quitar al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización y acotar la reforma laboral.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de rechazo, y dentro de HCF los cinco diputados de la Coalición Cívica firmaron su propio dictamen de minoría, al igual que los dos socialistas santafesinos (Mónica Fein y Esteban Paulón) y Margarita Stolbizer. 

En el radicalismo solamente dos diputados resolvieron no acompañar el dictamen del oficialismo: el formoseño Fernando Carbajal y el bonaerense Pablo Juliano.

Cómo quedó la ley ómnibus

El dictamen de mayoría del oficialismo de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es una versión acotada respecto del texto que se desmoronó el 5 de febrero pasado cuando el presidente Javier Milei ordenó, a la distancia, la vuelta en comisión.

El oficialismo debió sacrificar artículos hasta el último minuto, por diferencias con la oposición dialoguista, para no exponerse a derrotas en el recinto en el tratamiento en particular. No obstante, tras los recortes y retoques quedó un texto voluminoso, de 240 artículos y 162 páginas.

Por insistencia de la UCR se quitó al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización parcial, al igual que todas sus empresas subsidiarias como Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Bursátil y Nación Servicios.

El capítulo de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. En este sentido, ganó la pulseada el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, que no quería abrir un frente de conflicto con los sindicatos, ya que en la propuesta original estaba la idea de eliminar las cuotas solidarias obligatorias para los no afiliados.

También se decidió quitar del articulado el capítulo entero de Defensa de la Competencia porque el Gobierno consideraba que en el actual escenario signado por sospechas de cartelización de empresas de medicina prepaga, con las modificaciones propuestas el Estado perdería poder de fuego pára poder combatir estas prácticas abusivas de mercado.

A su vez, se eliminó el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones, ya que había quienes desde la oposición presionaban para que antes de liquidar acciones se obligue al Estado nacional a saldar deudas previsionales con las provincias.

Qué plantea la ley ómnibus

El artículo 1 consiste en la declaración de la emergencia en cuatro materias: económica, administrativa, energética y financiera (es decir que produce un recorte respecto de la versión del verano cuando estaban la de seguridad y tarifaria). Esta disposición le da facultades delegadas al Poder Ejecutivo para poder tomar resoluciones en cada uno de estos planos.

La ley sigue con un capítulo de reforma del Estado donde lo más relevante es el artículo que autoriza al Poder Ejecutivo eliminar reparticiones públicas, suprimir competencias y funciones de esos organismos, fusionar estructuras, disolver parcial o totalmente organismos de la administración central o descentralizada.

No obstante se incluyó una lista de organismos que quedan a salvo de cualquier intento de disolución.

En la versión anterior, solamente se consignaban allí entre las excepciones al Conicet, el INTA y las universidades nacionales. Por presión de los bloques opositores se añadieron a ese listado otros organismos como la CONEAU, CONAE, Instituto Malbrán, INCUCAI, INCAA, ANMAT, ENACOM, la CNV y la UIF.

Enmarcado en el mismo título de “Reforma del Estado” se encuentra el artículo 5 que autoriza al Poder Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”.

Por pedidos de la oposición dialoguista se efectuaron retoques para garantizar que los recursos de aquellos fideicomisos que se financian con asignaciones específicas de impuestos coparticipables, vuelvan a la masa coparticipable, y solamente los fondos del resto de los fideicomisos que se liquidan vuelvan al Tesoro.

En cuanto al capítulo de privatizaciones, se declaran empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU, mientras que se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

En tanto, se declara empresas sujetas a privatización parcial a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), que en caso de que una parte de sus acciones sean trasferidas el Estado deberá conservar la mayoría societaria. En este grupo estaba incluido el Banco Nación, pero fue retirado del listado y no será privatizado. 

El otro tema conflictivo que estuvo en la baraja hasta último momento es la reforma laboral, que quedó reducida a la extensión del período de prueba, el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones), y la derogación de multas por no registración laboral.

En cuanto a los períodos de prueba (comúnmente llamados “pasantías”), que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.

Otro aspecto fundamental de la ley Bases es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.

Paquete de medidas fiscales

Uno de los temas más destacados de la iniciativa es la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, rebautizado impuesto a los Ingresos Personales.

Luego de varias instancias de negociación entre el Gobierno, las provincias y los bloques de la oposición dialoguista, se definió que el mínimo no imponible estará ubicado en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y en 2.200.000 pesos para casados con hijos. De esta manera, volverán a estar alcanzados por este tributo casi un millón de personas.

La actualización del mínimo no imponible y del piso de cada una de las escalas se realizará de forma semestral a partir del 2025 aunque este año habrá un ajuste trimestral en septiembre, en base a la variación del IPC.

El paquete fiscal también incluye un amplio y generoso blanqueo de capitales por hasta 100 mil dólares sin penalidad con un plazo de adhesión hasta el 30 de abril del 2025 (prorrogable al 31 de julio de 2025). 

Por pedido de la UCR, se incorporó al texto un premio a los contribuyentes cumplidores de medio punto de la alícuota.

La iniciativa también abarca una moratoria impositiva y aduanera de hasta 84 cuotas y una rebaja en el impuesto a los Bienes Personales (con la posibilidad de adelantar pagos de las cuotas correspondientes hasta el año fiscal 2027).

Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), con una alícuota reducida de 0,45% por año (2,25% en total).

Otro aspecto saliente del proyecto tiene que ver con las modificaciones en los topes de facturación del monotributo, con aumentos de entre el 300 y el 330%, y un ingreso tope anual de 68 millones para la categoría más alta (K). La categoría más baja (A) permitirá facturar hasta 6.450.000 pesos de forma anual.